No puede excusarse en la falta de dictación de reglamentos de programas y financiamiento, por cuanto constituye una obligación que le ha impuesto el legislador.

Las autoridades mostraron un total desprecio por el sufrimiento de la demandante. Había sido sumamente vulnerable debido a su corta edad, su trágica situación familiar, su ingreso en un orfanato y presuntos abusos sexuales. Las autoridades no protegieron su integridad personal en el curso del proceso penal.

La protección del interés del menor de edad que afirma haber sido objeto de un delito justifica y legitima que, en su favor, se adopten medidas de protección que pueden limitar o modular la forma ordinaria de practicar su interrogatorio.