Amnistía Internacional reunió numerosos datos fidedignos que implican al comandante en jefe de las fuerzas armadas de Myanmar, general Min Aung Hlaing, y a otras 12 personas cuyos nombres se citan, en crímenes de lesa humanidad cometidos durante la limpieza étnica a la que se sometió a la población rohingya en el norte del estado de Rajine.
En el exhaustivo informe “Lo destruiremos todo”. Responsabilidad de las fuerzas armadas en crímenes de lesa humanidad en el estado de Rajine, Myanmar, se pide que se remita la situación en Myanmar a la Corte Penal Internacional (CPI) para su investigación y enjuiciamiento.
Matthew Wells, asesor general de Amnistía Internacional sobre respuesta a las crisis, afirma que “la explosión de violencia perpetrada por las fuerzas de seguridad de Myanmar en pequeñas poblaciones del norte del estado de Rajine —durante la cual se cometieron asesinatos, violaciones, tortura, incendios e inanición forzada— no fue obra de soldados o unidades descontrolados. Hay un gran cúmulo de datos que apuntan que estas acciones formaron parte de un ataque sistemático y bien organizado contra la población rohingya”.
Agrega que “quienes tienen las manos manchadas de sangre —que ascienden en la cadena de mando hasta el general Min Aung Hlaing— deben rendir cuentas por su participación en la supervisión o comisión de crímenes de lesa humanidad y otras violaciones graves de derechos humanos con arreglo al derecho internacional".

Acumulación de datos

En el informe, Amnistía Internacional menciona también los nombres de nueve subordinados del comandante en jefe en el Tatmadaw —las fuerzas armadas de Myanmar— y tres en la Guardia de Fronteras por su participación en la campaña de limpieza étnica.
El informe de Amnistía Internacional es la culminación de nueve meses de investigación intensiva, tanto en Myanmar como en Bangladesh, y constituye la relación más completa realizada hasta ahora por Amnistía Internacional de cómo las fuerzas armadas de Myanmar obligaron a más de 702.000 mujeres, hombres, niñas y niños —más del 80% de la población rohingya del norte del estado de Rajine al comenzar la crisis— a huir a Bangladesh después del 25 de agosto de 2017.
El informe aporta nuevos datos sobre la estructura de mando y los despliegues de tropas de las fuerzas armadas de Myanmar, así como sobre las detenciones, desapariciones forzadas y actos de tortura infligidos por las fuerzas de seguridad a hombres y niños rohingyas en las semanas inmediatamente anteriores al comienzo de la crisis en curso.
También ofrece la información más detallada hasta la fecha sobre los abusos cometidos por el grupo armado Ejército de Salvación Rohingya de Arakán, tanto antes como después de los ataques coordinados que lanzó contra puestos de seguridad el 25 de agosto de 2017. Entre estos abusos figuran homicidios de personas de diferentes comunidades étnicas y religiosas en el norte del estado de Rajine, así como los homicidios y secuestros selectivos de rohingyas que presuntamente actuaban como informantes de las autoridades.
Amnistía Internacional ha documentado ya en detalle cómo la virulenta respuesta de las fuerzas armadas de Myanmar a los ataques del Ejército de Salvación Rohingya de Arakán tuvo lugar en el contexto del arraigado sistema de discriminación y segregación institucionalizadas que constituye apartheid y se caracterizó por crímenes de derecho internacional como asesinato, violación, tortura, incendios selectivos en gran escala de poblados, uso de minas terrestres, inanición forzada, expulsiones masivas y otras violaciones graves de derechos humanos.
A partir de más de 400 entrevistas —además de innumerables documentos que corroboran los datos aportados, como imágenes de satélite, fotografías y vídeos verificados y análisis de expertos en armas y forenses— el nuevo informe revela desgarradores detalles sobre las constantes de violaciones de derechos humanos cometidas en “operaciones de limpieza” de las fuerzas armadas tras los ataques del Ejército de Salvación Rohingya de Arakán. También identifica las divisiones o batallones militares concretos que intervinieron en muchas de las más graves atrocidades. Amnistía Internacional ha documentado la comisión por las fuerzas de seguridad de 9 de los 11 tipos de crímenes de lesa humanidad que se enumeran en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

Es hora de rendir cuentas

Amnistía señala que ante el aumento de la presión internacional, las autoridades de Myanmar anunciaron el mes pasado el establecimiento de una “Comisión de Investigación Independiente” para examinar las denuncias de violaciones de derechos humanos. Investigaciones anteriores sobre abusos cometidos en el estado de Rajine impulsadas por el Gobierno y las fuerzas armadas sólo han servido para encubrir las atrocidades de los militares.
“La comunidad internacional no debe dejarse engañar por esta última tentativa de proteger a los autores para que no rindan cuentas. Por el contrario, debe poner fin de una vez a los años de impunidad y garantizar que este oscuro capítulo de la historia reciente de Myanmar no vuelve a repetirse”, sostiene Matthew Wells.
Luego recomienda que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas abandone el juego de la política y remitir con carácter de urgencia la situación en Myanmar a la Corte Penal Internacional, imponer un embargo integral de armas a Myanmar e imponer sanciones económicas selectivas contra los funcionarios responsables de los graves crímenes y violaciones de derechos humanos.
“En tanto se generan consenso y apoyo internacionales para la remisión a la CPI, la comunidad internacional debe usar el Consejo de Derechos Humanos para crear un mecanismo que recopile y preserve las pruebas para usarlas en futuros procedimientos penales”, indica.

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