La moción de los diputados Celis, Jiménez, Keitel, Verdessi expone que en nuestro país la actividad física esta aún en bajos niveles de desarrollo deseado, esto se nota con mayor impacto en las personas que desempeñan labores que implican estar durante largos periodos del día sentados o con una movilidad bastante reducida. Esta situación queja tanto a los trabajadores que padeces las consecuencias y/o patologías propias del fenómeno del sedentarismo como para sus empleadores. Esto, puesto que las licencias por traumas o lesiones que le son propias a la falta de actividad física, la pérdida de masa muscular, patologías de tipo psiquiátricas, entre otros, han aumentado ostensiblemente, tanto es así que a nivel global las patologías mentales son la primera causa de discapacidad tanto transitoria como permanente. Y Chile es un buen ejemplo de esta tendencia: entre 2004 y 2015, estas enfermedades alcanzaron el primer lugar total de licencias indicadas, llegando al 27%del gasto total del país destinada a reposo médico.
Enseguida, resalta un estudio de fines del año 2015 de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca midió cuánto más dinero les cuesta a las empresas chilenas un trabajador obeso respecto a uno con peso normal. Tras medir 26 variable, entre las que se consideraron ausentismo laboral, productividad, atrasos y licencias médicas, estimaron que un trabajador obeso es 6.34 veces más caro. De esta forma, señala la iniciativa, de acuerdo a la OMS y el Foro Económico Mundial, aumentar la productividad de los empleados, mejorar la imagen institucional y moderar los costos de asistencia médica son algunos de los argumentos que pueden impulsar a la gerencia superior a poner en marcha e invertir en programas de promoción de la salud en el lugar de trabajo. Sin embargo, el ordenamiento jurídico vigente, en estas materias, aún no ha evidenciado un manejo de la situación en su conjunto, entendiéndose por esto un esfuerzo las carteras del trabajo y de la salud para que esta sea una política pública o de cooperación con el mundo privado.
De ese modo, la moción agrega un nuevo inciso segundo al artículo 184 del Código del Trabajo, en el siguiente sentido: “Para garantizar este deber del empleador, se destinará dos horas y media de la jornada laboral semanal para que los trabajadores que se encuentran contratados en una jornada a tiempo completo cuyo número supere los 19 empleados, dediquen este tiempo en realizar una actividad deportiva de cincuenta minutos, tres veces por semana, los que no podrán administrarse ni al inicio ni al término de la jornada laboral diaria; Esta actividad deportiva podrá estar dirigida por una persona con conocimientos de la actividad física para lo cual el empleador podrá celebrar convenios con las Escuelas de Salud o Deportes de las casas de estudios Técnicas de Nivel Superior o Profesionales a fin de que se realice en un espacio físico dentro de la misma institución o un sitio externo a esta, podrá también proporcionar convenios para sus trabajadores con instituciones especializadas al efecto o, proveer libertad al trabajador para ejercer esta función libremente en donde éste lo determine; Se podrá reclamar ante la Inspección del Trabajo por la negativa injustificada del empleador a cumplir con este deber de protección al trabajador”.
Corresponde ahora que la iniciativa, en primer trámite constitucional, sea analizada por la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados.
Vea texto íntegro de la moción, discusión y análisis.
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