Cámara de Diputados aprobó iniciativa que disminuye plazos sobre muerte presunta y establece normas sobre comprobación judicial de muerte.

En días pasados, la Cámara de Diputados aprobó -en primer trámite constitucional- el proyecto de ley, iniciado por mensaje, donde el Ejecutivo expone que, tras la tragedia en el archipiélago de Juan Fernández “a la fecha, sólo se ha producido el hallazgo y reconocimiento de algunas de las víctimas”, considerando el tiempo que ha transcurrido, “se ha llegado a la convicción del desenlace fatal para los pasajeros”.

Observa luego que, para “evitar mayor dolor en los familiares” y otorgar “seguridad jurídica” en este caso, y en general, donde “toda vez que se tenga total certeza de la muerte de una persona”, se pueda proceder “a la inscripción de su fallecimiento en el Registro Civil”, no obstante que el cadáver no hubiese sido hallado o sea imposible su identificación.

Con el objeto de “otorgar mayor celeridad a la tramitación de la solicitud de muerte presunta”, propone modificar dos cuerpos legales. Por una parte, la Ley Nº 4.808 sobre Registro Civil, de manera tal de dotar al aludido Servicio de las facultades para inscribir una defunción en virtud, ya no solo del parte verbal o escrito de las personas señaladas en la normativa, sino también podría ser “del oficio emanado del juez en los casos que la ley señale”. Asimismo, que al momento de requerir dicha inscripción, no sea necesario presentar el certificado aludido en su artículo 45, cuando sea mediante el oficio ya mencionado.