Las respuestas erróneas al drástico aumento de los “crímenes de odio” en Alemania, que incluyen ataques contra albergues para solicitantes de asilo, ponen de manifiesto la necesidad de redoblar la protección y abrir una investigación independiente sobre la posible parcialidad dentro de los organismos encargados de hacer cumplir la ley del país, dice Amnistía Internacional.
El informe, titulado Living in insecurity: How Germany is failing victims of racist violence, detalla que en 2015 se denunciaron 16 veces más delitos contra solicitantes de asilo (1.031) que en 2013 (63). En términos más generales, los crímenes violentos racistas contra minorías étnicas y religiosas aumentaron un 87 por ciento, pasando de 693 en 2013 a 1.295 en 2015.
“Con el aumento de los «crímenes de odio» en Alemania, deben abordarse las deficiencias, crónicas y bien documentadas, de la respuesta de los organismos encargados de hacer cumplir la ley a la violencia racista”, afirmó Marco Perolini, investigador sobre la UE de Amnistía Internacional.
El profesor agregó que “las autoridades federales y estatales alemanas deben implantar estrategias integrales de valoración de riesgos a fin de prevenir los ataques contra albergues para solicitantes de asilo. Es urgente aumentar la protección policial para los albergues que se ha determinado que corren mayor riesgo de sufrir un ataque.”
Es necesario señalar que la opinión pública alemana es una de las que mejor acoge a las personas refugiadas en Europa, sin embargo durante 2015 hubo hasta seis protestas contra los refugiados a la semana. Muchas personas solicitantes de asilo y refugiadas que fueron atacadas, o cuyos amigos o conocidos fueron atacados, dijeron a Amnistía Internacional que ahora viven con miedo y ya no se sienten a salvo.
 “No es momento para la autocomplacencia, sino para que los organismos encargados de hacer cumplir la ley se miren bien en el espejo. Hace falta con urgencia una investigación pública e independiente que revise las investigaciones de asesinatos cometidos por el NSU y determine hasta qué punto el racismo institucional podría estar contribuyendo al fracaso general de los organismos encargados de hacer cumplir la ley a la hora de abordar efectivamente los crímenes racistas”, concluyó Marco Perolini.

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