No reconsidera dictamen.
CGR se pronuncia sobre ordenanza de explotación comercial de máquinas de juegos.
La Contraloría confirmó el dictamen N° 34.267 de 2015, desestimando la solicitud de reconsideración de la especie.

Se solicitó a la Contraloría General de la República –por parte de la Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda- la reconsideración del dictamen Nº 34.267 de 2015, en cuanto indica que no correspondía que esa entidad edilicia estableciera mediante su ordenanza N° 11, sobre Explotación Comercial de Máquinas de Habilidad, Destreza o Juegos Similares, restricciones a dicha actividad económica relativas a distanciamientos con establecimientos educacionales; existencia de letreros con prohibición de acceso a estudiantes y menores en determinados horarios; obligación de contar con personal que vigile el orden del recinto; específicas condiciones de aireación, luz, baños de los locales, aislamientos de ruidos, mamparas, extintores y, deber de exhibir determinada documentación a los fiscalizadores municipales, invocando diversos argumentos, los que serán expuestos y desarrollados en el cuerpo de este oficio.
Al efecto, el ente contralor recuerda que, mediante el citado dictamen, concluyó que las restricciones contenidas en los artículos 11, 13 y 16 del referido ordenamiento, son limitaciones adicionales a las que establece la ley para ejercer la antedicha actividad económica, lo que contraviene la normativa constitucional y legal, por lo que no se ajustan a derecho, debiendo, esa entidad edilicia adoptar las medidas tendientes a modificarlos.
Enseguida, el órgano contralor sostiene que el artículo 12 de la ley N° 18.695, habilita a las entidades edilicias para dictar ordenanzas -normas generales y obligatorias aplicables a la comunidad-, pero en el ejercicio de tal potestad debe, necesariamente, respetarse el principio de juridicidad, contenido en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República y 2° de la ley N° 18.575, debiendo enmarcarse en el ámbito de las competencias propiamente municipales, lo que implica que tal potestad normativa no puede incidir en aspectos cuya regulación ha sido reservada a otros organismos de la Administración del Estado.
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