Control de constitucionalidad y justicia cautelar.
A propósito de la orden ejecutiva sobre asuntos de inmigración dictada el 27 de enero de 2017 por el gobierno de Donald Trump.
El proceso iniciado por dos de los Estados de la Unión, hubiera terminado con una medida de amparo cautelar en protección de los derechos de los residentes no solo de los Estados demandantes.
Recientemente, Allan Brewer-Carias, Professor of Law, Columbia Law School, ha entregado su opinión respecto de la “Orden Ejecutiva para proteger la Nación de la entrada de terroristas extranjeros a los Estados Unidos”, dictada el viernes 27 de enero de 2017 por el Presidente de los Estados Unidos Donald J. Trump
En su columna, expresa el académico que se trató de un acto ejecutivo de carácter reglamentario dictado conforme a los poderes que la Constitución y las leyes le otorgan al jefe del Poder ejecutivo, y entre ellas, la *Immigration and Nationality Act (*INA), 8 U.S.C. 1101 et seq., y la sección 301 del título 3 del United States Code.
Contra dicha Orden Ejecutiva se intentaron de inmediato varias acciones judiciales buscando la protección de derechos fundamentales de las personas afectadas, mediante la declaración de su inconstitucionalidad.
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