Estados Unidos no pudo condenar a Al Capone por crímenes de sangre, sino por evasión de impuestos. El mismo método usan ahora las autoridades estadounidenses para cazar a los capos de Latinoamérica acusados de tortura y otros crímenes de guerra. Así, el llamado “método Al Capone” es utilizado por los fiscales de la unidad que investiga crímenes de guerra dentro del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Estos fiscales tratan de perseguir a los violadores de Derechos Humanos por la vía penal, acusándolos de genocidio, torturas o ejecuciones extrajudiciales. Pero, cuando no es posible, acuden a las férreas leyes migratorias para averiguar si cometieron alguna infracción al entrar a Estados Unidos.

Mediante el uso de este método, se consiguió, por ejemplo, llevar ante la Justicia al excoronel y exviceministro de Defensa salvadoreño Inocente Montano, que está a la espera de ser extraditado a España por el asesinato de cinco jesuitas españoles durante la guerra civil de El Salvador (1980-1992). Las autoridades detectaron que Montano había mentido en sus formularios migratorios para entrar a Estados Unidos, al alegar que no había sido nunca acusado de crímenes de guerra. Por ello, lo condenaron a 21 meses de cárcel y, en febrero de 2016, una jueza de EEUU aprobó la extradición a España. Ese gesto hizo temblar los cimientos judiciales de El Salvador: la Corte Suprema de Justicia de ese país (CSJ) anuló la Ley de Amnistía de 1993 que había impedido juzgar a militares, como Montano, por crímenes de guerra.

Entre los procesados mediante las leyes migratorias de EEUU también figuran los guatemaltecos Gilberto Jordán y Jorge Vinicio Sosa Orantes, acusados de participar en la matanza de Dos Erres en Guatemala y condenados, cada uno, a diez años de cárcel por mentir en los formularios para obtener la ciudadanía estadounidense.

Los formularios migratorios incluyen preguntas como: “¿ha participado usted en ejecuciones extrajudiciales?” o “¿ha sido alguna vez acusado de genocidio?”. Los criminales marcan automáticamente el “no” y, entonces, si Estados Unidos les pilla, pueden ser condenados por perjurio.

El equipo encargado de investigar crímenes de guerra, creado en 2008, está integrado por fiscales e historiadores, que dentro y fuera de EEUU identifican, localizan y procesan a los criminales para que sean condenados en territorio estadounidense o sean extraditados a sus países de origen. La mayoría de los criminales son procesados mediante leyes migratorias porque el sistema de justicia internacional de Estados Unidos solo permite juzgar delitos de genocidio, tortura, reclutamiento de niños soldados o crímenes de guerra cometidos hace 20 o 30 años.

Existe solo un caso de condena por tortura. Es el de Charles Taylor Junior, conocido familiarmente por “Chucky” e hijo del expresidente de Liberia Charles Taylor (1997-2003). Nacido en Boston, “Chucky” Taylor Junior recibió en 2009 en Miami (Florida) una condena de 97 años de cárcel por torturas durante la guerra civil de Sierra Leona (1991-2002). Pudo ser sentenciado en EEUU porque los crímenes eran recientes y porque Taylor Junior es ciudadano estadounidense, lo que permite a la Justicia tratar sobre crímenes cometidos fuera de las fronteras del país. Taylor Junior ha sido el único criminal de guerra procesado por la vía penal. Pero, desde 2004, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ha arrestado en EEUU a 275 individuos relacionados con violaciones de Derechos Humanos y otros 590 han sido expulsados a sus países de origen para responder allí ante la Justicia. Además, actualmente, las autoridades investigan 1.900 pistas relacionadas con nacionales de 96 países diferentes. Fuente: elnuevoherald.com

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