Cabe señalar que los testigos son vitales para la Justicia, puesto que centran las investigaciones, los casos y sus resultados finales en los juicios.
Están los testigos directos y presenciales, es decir,  aquel que ha visto y oído lo sucedido por sí mismo, a través de sus sentidos; y los testigos de oídas, persona que ofrece un testimonio de segunda mano, no estuvo presente en el lugar de los hechos sino que supo de ellos a través de terceras personas.
Los guionistas de cine en Estados Unidos recurren mucho a los testigos de oídas para impulsar las tramas de sus historias.
Suelen ser los compañeros de celda del acusado que, después, hacen un acuerdo con la fiscalía para testificar contra él a cambio de una petición de rebaja en su pena.
Por ejemplo, en el musical Chicago, el personaje que interpreta Catherine Zeta-Jones se convierte en testigo de referencia del fiscal que acusa de asesinato a Renee Zellweger, a la que defiende un Richard Gere convertido en abogado.
La película -y sus versiones en teatro- está basada en la obra teatral de la periodista de sucesos, Maurine Dallas Watkins, y de los casos que cubrió para el Chicago Tribune. En esencia es una crítica a la corrupción del sistema judicial y al hecho de que los criminales llegaban a convertirse en verdaderas estrellas para el público.
Sin embargo, el valor probatorio de un testigo de oídas es mucho más débil que el de un testigo directo.
Hay que tener en cuenta que todos los testigos están obligados a jurar o prometer decir verdad. Pero, no hay regla sin excepción, ya se sabe.
La excepción la conforman los testigos directos que son parientes directos del acusado, como padres, hijos, hermanos, cónyuges, convivientes…
A éstos no se les puede exigir decir verdad, por ello, no tienen obligación de declarar y si lo hacen no están obligados a jurar o prometer.
Cuando un tribunal de justicia cita a alguien a declarar, por haber sido testigo de algo, la persona en cuestión está obligada a responder a la llamada.
Y si no lo hace, puede ser acusada de denegación de un delito de denegación de auxilio a la justicia, castigado con una pena de arresto de 12 a 18 fines de semana y multa de seis a nueve meses.
Por Carlos Berbell y Yolanda Rodríguez.

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