CS acogió casación respecto de sentencia que rechazó reclamo de ilegalidad deducido por concesionaria de estacionamientos contra Municipalidad de Recoleta.

En forma unánime, la Corte Suprema acogió el recurso de casación en la forma presentado en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que rechazó el reclamo de ilegalidad municipal interpuesto por una concesionaria en contra de la Municipalidad de Recoleta.

La sentencia del máximo Tribunal expuso que si bien en un primer análisis pareciera que el fallo impugnado contiene consideraciones para sustentar lo expresado en lo resolutivo, un examen detenido permite arribar a la conclusión

contraria. En efecto, el reclamo o acción de ilegalidad contemplado en el artículo 151 de la Ley N° 18.695, es una acción contenciosa administrativa especial consagrada por nuestro legislador en términos amplios, con el objeto de controlar la legalidad de la actuación de los funcionarios municipales, razón por la que se concede para impugnar actos administrativos u omisiones en las que aquellos incurran, que pueden agraviar a un ciudadano particular o afectar los intereses generales de la comuna, siendo relevante precisar que el principal fin de esta acción es tutelar los derechos e intereses legítimos de aquellos. Lo anterior es trascendente, toda vez que determina que al deducirse la acción, cumpliendo los requisitos previstos en el artículo 151 de la Ley N° 18.695, el sentenciador debe realizar necesariamente un análisis respecto de si en la especie concurre la ilegalidad denunciada, cuestión que ha sido omitida en relación al examen del Decreto N° 845. En efecto, al examinar la legalidad del referido acto administrativo que impone multas, los sentenciadores se han limitado a exponer los artículos 3, 12 y 51 de la Ley N° 19.880, para concluir que éste es un acto administrativo que goza de presunción de legalidad y de ejecutoriedad, razón por la que al no haberse dictado en la causa civil Rol N° 2206 del Quinto Juzgado Civil una medida que suspendiera los efectos de tal acto, se debe rechazar el reclamo. Como se observa, ningún análisis se realiza de la ilegalidad denunciada por la actora, esto es que al haberse entregado la decisión respecto de los incumplimientos contractuales a los tribunales de justicia, la Administración quedaba impedida de dictar el acto administrativo, máxime si, como lo reconoce en su parte considerativa, el antecedente que se esgrime, es la sentencia dictada en esos autos, que en la especie no se encontraba ejecutoriada. Así, se constata que ningún fundamento existe respecto de tal materia que constituía el quid del asunto que se debía resolver.