En una reciente publicación se da  a conocer el artículo “Malas prácticas en período electoral”.
Se sostiene que la actual contienda electoral ha revelado comportamientos no deseados por parte de las autoridades salientes, ya sea para favorecer a alguno de los candidatos presidenciales o para sacar adelante iniciativas legislativas de último minuto. Ello da cuenta de falencias del sistema que deben ser analizadas, puesto que transgreden las buenas prácticas y generan legítimas desconfianzas en la ciudadanía.
Así, se plantea que hasta antes de reforma, el período entre la fecha de las elecciones parlamentaria y el cambio de mando era significativamente más breve debido principalmente a que el receso legislativo de febrero y la segunda vuelta en enero, dejaban como período útil para legislar solo cinco semanas aproximadamente. Esto correspondía al remanente entre la segunda vuelta y fines de enero, más los primeros días de marzo, además del período entre primera y segunda vuelta presidencial, que al incorporar las fiestas de fin de año, reducía aún más el tiempo para aprobar iniciativas legislativas.
En este contexto, se arguye, actualmente, y debido a la ampliación de este plazo, se ha observado una intensa utilización electoral de la agenda legislativa por parte del Congreso y un fuerte intervencionismo por parte del Gobierno para favorecer la candidatura de Alejandro Guillier.
Por ello, se expone enseguida se hace necesario, por tanto, revisar el plazo que media entre la elección y el cambio de mando, así como también evaluar la posibilidad de limitar las facultades colegisladoras del Ejecutivo durante el período pre y post electoral.
El texto dice a continuación que a esto se suma una necesaria revisión de los distintos mecanismos con que el Gobierno cuenta para intervenir activamente en elecciones presidenciales, debido a que la actual normativa parece no inhibir este tipo de conductas en sus autoridades. Entre los países que eligen Presidente de la República en la OCDE, el tiempo promedio entre la elección de dicha autoridad y la fecha en que asumen el cargo es de 55 días. El país con plazo más breve es Francia, donde el plazo entre elección y cambio de mando es de tan sólo siete días, mientras que en el otro extremo encontramos a México donde el plazo es de 153 días. En Chile, el promedio es de 84 días si consideramos la segunda vuelta electoral de este año, y de 112 días al considerar la elección de noviembre recién pasado.
En este sentido, de acuerdo al documento, la aprobación de leyes durante el período post elecciones parlamentarias, contiene un elemento distorsionador, cual es el conocer de manera previa las mayorías y quórums de aprobación posibles de alcanzar con el Congreso venidero. De este modo, los incentivos podrían estar en favorecer aquellas normas que con un futuro Parlamento no se ven posibles de aprobar, por lo que mayorías circunstanciales, que si bien fueron electas democráticamente, podrían verse motivadas a impulsar leyes que a futuro no prosperarían, dado que dejarán de ser mayoría.
Esto puede causar, se asevera enseguida, que se aprueben de manera rápida normas que requieren un mayor debate, tales como reformas a la Constitución, a las leyes sociales o a la libertad de prensa.
Además, se explica que en la situación actual, un elemento distorsionador adicional es el desafuero de dos senadores de oposición, situación que altera los quórums de aprobación y que, por ejemplo, rebaja de 25 a 24 los senadores necesarios para hacer modificaciones al capítulo XV de la Constitución. Esta situación se mantiene a la espera de la ratificación del desafuero del senador Fulvio Rossi, que restablecería en parte las mayorías reales del actual Congreso. El escenario actual favorece artificialmente al Gobierno y a la Nueva Mayoría para aprobar algunas iniciativas, que sin la situación de los parlamentarios desaforados, no podrían alcanzar los quórums y que a futuro, dada la composición del nuevo Congreso, tampoco podrán aprobar en los términos actualmente propuestos.

Intervencionismo electoral
Otro punto, se advierte, es que durante las últimas semanas se ha podido apreciar una activa participación por parte del Ejecutivo para fortalecer la candidatura de Alejandro Guillier. Es así como además de la reunión de coordinación legislativa llevada a cabo entre el candidato y la Presidenta de la República y la asistencia a eventos en conjunto, se ha observado la presencia de Ministros de Estado, el llamado de autoridades a hacer campaña por el candidato oficialista, e incluso abiertas convocatorias en actos oficiales del Gobierno a votar en contra del candidato de derecha.
Este tipo de actividades, según el texto, son altamente objetables y reflejan una actitud sin precedentes en el último período. Si bien en elecciones anteriores era común ver participación de autoridades políticas en eventos electorales, el nivel alcanzado en estas elecciones ha traspasado largamente el estándar al cual estábamos acostumbrados.
Se añade en esta línea, que a nivel legislativo, el Ejecutivo ha impulsado una serie de proyectos de ley que tienen por objeto favorecer las opciones del candidato oficialista, situación que el propio senador Guillier reconoció al señalar que el encuentro realizado con la Presidenta en La Moneda, tuvo por objeto coordinar la agenda legislativa “en algunos aspectos que al comando le interesa adelantar”. Es así como ha sido posible ver iniciativas que no habían sido prioridad para el Gobierno, como son las modificaciones al sistema de reforma a la Constitución (Convención Constituyente), la Ley de Educación Superior o la elección de gobernadores regionales. Todas ellas han tenido un fuerte impulso para forzar la discusión en el Congreso y de una u otra manera incomodar al candidato de la oposición.
Por todo lo dicho, el documento sugiere que no existen suficientes resguardos para la debida prescindencia política de las autoridades, jefaturas y funcionarios que se exige para cualquier administración y que, como lo señala la Contraloría, se articula sobre la base de los principios de juridicidad, probidad administrativa y apoliticidad que están consagrados en el ordenamiento jurídico.
También se considera que no es aceptable jurídica ni éticamente que las vocerías desde La Moneda o las múltiples inauguraciones o eventos financiados con recursos públicos se utilicen como mecanismo de campaña para favorecer una determinada candidatura, y mucho menos para atacar la de oposición.
Finalmente, se concluye que es necesario evaluar la duración del período entre la elección de las nuevas autoridades y el cambio de mando, de manera de evitar un desenfreno legislativo que busque impulsar reformas que bajo el nuevo Congreso no podrían modificarse de la forma que la mayoría circunstancial y próxima a terminar tiene previsto. Fuente:www.lyd.cl

Vea texto íntegro del documento

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