En una reciente publicación de la Biblioteca del Congreso Nacional se sostiene que a través de los conceptos de consentimiento, propósito y sensatez, la legislación singapurense crea las bases para la recopilación, uso y divulgación de cualquier información sensible. Asimismo, gracias al trabajo de un órgano regulador establece un registro nacional de personas que no quieren ser contactadas con fines comerciales.
El documento plantea que a propósito de que la sala del Senado además de aprobar las idea de crear una Agencia de Protección de Datos Personales, dejó constancia sobre la necesidad de modernizar la legislación actual sobre la materia, en el Asia el caso de la Ley de protección de datos personales de Singapur (PDPA) podría ir en la línea de lo planteado en las discusiones realizadas en nuestro Congreso.

Cumplimiento de los derechos de protección

El texto explica que tal como se ha planteado en distintas discusiones legislativas durante los primeros meses de 2018, la protección de los datos personales consiste en un derecho fundamental distinto de la privacidad o la intimidad de las personas. Por el contrario, se trata de que todo tipo de información relativa a la esfera personal quede bajo el control de su titular y no de forma ilegítima en manos de un tercero. Es por ello que a la hora de analizar legislaciones que vayan en línea con tal principio, se hace énfasis en el cumplimiento de los derechos ARCO, de acceso, rectificación, cancelación y oposición a la información personal.
Este enfoque, se indica, sustentado en el cuidado de la información de las personas está reconocido en la Ley de protección de datos personales de Singapur (PDPA por sus siglas en inglés) que pese a reconocer la protección como un derecho, establece un marco con varias reglas para regular la recopilación, uso, divulgación y cuidado de los datos.
A continuación el documento detalla que fue promulgada en 2012, reconociendo y promoviendo la aplicación de los derechos ARCO en todo su sentido, aunque tiene un énfasis especial en evitar prácticas comerciales que sean abusivas con la información sensible de las personas. Precisamente, este es uno de los asuntos abordados por los senadores en la discusión del 3 de abril de 2018, donde plantearon la necesidad de limitar el alcance y uso fraudulento de la información personal.
Esta necesidad remarcada en la realidad chilena, se agrega, está contemplada en la PDPA a través de una innovadora iniciativa que establece un Registro Nacional de No Llamar(DNC), cuyo fin es que las personas registren sus teléfonos de contacto para no recibir llamadas o mensajes de texto con fines de mercadotecnia.
De esta forma, se expone que las personas que no desean ser llamadas o requeridas con fines comerciales pueden inscribirse en línea sin ningún costo y sin fecha de expiración. Este registro también prohíbe que las organizaciones utilicen la información telefónica con fines de marketing, estudios de mercado o campañas políticas. De igual manera, el Registro DNC elabora una guía para las organizaciones que realizan telemarketing con el fin de actualicen sus bases de datos, tanto para números de teléfono como de correo electrónico y dirección postal.

Comisión para la protección de las personas y sus datos

El documento especifica que la institución que creó e impulsa el Registro DNC es la Comisión de Protección de Datos Personales de Singapur. Fundada el 2013, es la principal autoridad en esta materia. No solo gestiona las políticas sino también hace cumplir la ley. Entre sus principios básicos está la creación de un ambiente de confianza entre las empresas y los consumidores, ya que equilibra la necesidad de proteger los datos con la de las organizaciones para el uso de información con fines legítimos.
Tales principios se expresan en políticas relacionadas con la protección, reglamentaciones y pautas de asesoramiento para que tanto organizaciones públicas y privadas cumplan con la ley. Asimismo, la Comisión revisa permanentemente la acción de empresas y emite instrucciones cuando es necesario. Es por ello que la Comisión tiene una buena relación con gremios y otros organismos sectoriales.
Por consiguiente, se encarga de la capacitación a funcionarios y autoridades que se desempeñan en actividades ligadas a la protección de datos. Asimismo, realiza actividades públicas de divulgación con el fin de que la ciudadanía comprenda la importancia de cuidar sus datos, pero también de la forma como otras organizaciones son capaces de operar para recolectar y difundir su información.

Discusión sobre la protección de datos personales en el Legislativo chileno

El texto dice que uno de los procesos para modernizar la legislación en materia de protección de datos personales se realiza en el Senado, donde el 3 de abril de 2018 se aprobó la idea de fundir la iniciativa presidencial de crear una Agencia de Protección de Datos Personales, con una moción presentada por el Senado que busca avanzar en la materia según los estándares internacionales.
Un análisis de este proceso tuvo Alejandro Gacitúa, abogado e investigador en derecho público, para quien la fusión de ambos proyectos se hace cargo de las principales falencias que tiene nuestra legislación. En relación a los conceptos que podrían incorporarse en nuestra legislación, se refirió a la necesidad de incorporar elementos de la legislación europea cuya orientación se centra en la protección de los datos personales como un derecho. "Que el proyecto de ley sea estándar OCDE quiere decir que tiene un enfoque puesto principalmente en el tema comercial, de regular el tratamiento de datos personales a favor del comercio y libre flujo de información. A diferencia del modelo europeo donde el acento se pone en la protección de los derechos, y esto como una garantía de derechos fundamentales. En Europa la protección de datos tiene un estatuto distinto y autónomo del derecho a la intimidad o la vida privada, entonces tiene una mayor regulación con un enfoque político distinto", agregó.
De igual manera, otro de los proyectos en esta materia que se discute en el Congreso es una reforma constitucional, propuesta en la Cámara de Diputados, donde se plantean modificaciones para avanzar en la protección de la vida privada y honra de las personas y su familia, agregando “la protección de sus datos personales”. Esta iniciativa fue valorada por Gacitúa, pues en su opinión, relacionaría a estos derechos con un ámbito de la justicia más que como un derecho vinculado a la esfera de lo económico. "Esto se podría suplir si es que se llega a aprobar porque se consagra como un derecho autónomo y garantiza a las personas ciertos derechos, como son los ARCO. Si se aprueba el proyecto fundido del Senado en conjunto con la reforma constitucional, quedaría algo orgánico y coherente", sentenció. Fuente:bcn.cl

Vea texto íntegro del documento

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