La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena los hechos de violencia ocurridos en una cárcel de la provincia de Escuintla, Guatemala, que ocasionaron que al menos siete personas perdieran la vida, y que 25 resultaran heridas.
La CIDH solicita al Estado de Guatemala a que adopte las medidas necesarias para prevenir la repetición de estos hechos, y para investigar y sancionar a los responsables.
La Comisión recuerda que el 26 de abril de 2018 tuvo lugar un motín en la Granja Penal Canadá, en la provincia de Escuintla. De acuerdo a la CIDH, declaraciones a la prensa del Director General del Sistema Penitenciario, los hechos de violencia derivaron de una pelea entre grupos de internos por el control de “negocios ilícitos”, que terminó en un enfrentamiento con armas de fuego. De las siete personas que perdieron la vida, seis murieron a causa de heridas de armas de fuego, y el otro interno, por descarga eléctrica al intentar saltar de una malla para escapar de la prisión. Posteriormente, se movilizaron diferentes fuerzas de seguridad que retomaron el control del centro unas horas después de los hechos. Asimismo, se realizó una requisa entre los internos, que resultó en la incautación de 106 municiones de diferentes calibres y cuatro armas de fuego, además de celulares y dinero en efectivo.
Agrega, que de conformidad con información de público conocimiento, el Ministerio Público inició una investigación respecto de los hechos ocurridos. En este sentido, la Comisión llama al Estado a que estas investigaciones sean realizadas con la debida diligencia, y que no estén orientadas únicamente a determinar la responsabilidad de los autores materiales de los hechos, sino también de los posibles autores intelectuales y de aquellas autoridades que pudieran ser responsables por acción u omisión.
Durante los últimos años, la CIDH ha recibido información sobre la persistencia de altos niveles de violencia en los centros de detención de Guatemala, derivados de conflictos entre grupos de reos contrarios entre sí, y de la falta de control efectivo de las autoridades al interior de los centros de reclusión. En particular, mediante comunicado de diciembre de 2015, la CIDH manifestó su preocupación por los hechos de violencia ocurridos en este mismo centro penitenciario, que habrían cobrado la vida de al menos 16 personas.
En este contexto, la Comisión recuerda que los Estados, como garantes de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad, tienen el deber jurídico ineludible de adoptar acciones concretas para garantizar sus derechos a la vida e integridad personal.
Con este fin, la CIDH insta a que el Estado guatemalteco tome medidas concretas, tales como desarmar a los reclusos e imponer controles efectivos para impedir la entrada de armas y otros objetos ilícitos; aumentar el personal de seguridad y vigilancia dentro de las cárceles, y prevenir el accionar de organizaciones delictivas que tengan una presencia en las cárceles.
“Estos hechos tienen lugar en una prisión caracterizada por una situación de hacinamiento, que alberga a más de 3.000 personas, esto es cuatro veces más personas que su capacidad original”, señaló el Relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad, Comisionado Joel Hernández.
Agregó que “el hacinamiento a la población carcelaria genera vulneraciones a los derechos humanos y es además un factor que tiende a incrementar los niveles de violencia. Por lo tanto, el Estado guatemalteco debe adoptar de manera urgente medidas para reducir las altas tasas de encarcelamiento, tales como la utilización de medidas alternativas a la privación de libertad o la aplicación de beneficios de excarcelación”.
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