En una reciente publicación del medio online Confilegal se da a conocer el artículo “Ser abogado, profesión de alto riesgo que reclama políticas de bienestar de sus despachos”.
Se sostiene que en países como EEUU y Reino Unido, ya existe una preocupación por la salud mental de los abogados. Hay entidades que trabajan con despachos para mejorar las condiciones de vida de estos profesionales. Sin embargo, se arguye que en España, hay falta de estudios y datos sobre este tema. El Instituto de Salud Mental de la Abogacía es una entidad que da sus primeros pasos en España y que quiere ser el valedor de las políticas de bienestar que los bufetes desarrollen para proteger el estado mental de sus profesionales
El documento recuerda que hace unos días tuvo lugar la presentación oficial del Instituto de Salud Mental de la Abogacía (ISMA), en el marco del desayuno informativo “Preocuparse por los profesionales de la abogacía genera valor añadido”, organizado por el Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE), colaborador oficial de ISMA. El acto fue presidido por Montserrat Pintó, directora ejecutiva de ISDE.
Manel Atserias, abogado colegiado del ICAB y estudioso de estos temas a nivel internacional, presidente y uno de los fundadores de ISMA, en su intervención, expuso, de acuerdo al texto, las líneas maestras del Instituto, su carácter social, las alianzas nacionales e internacionales establecidas y los proyectos en curso, como la búsqueda de financiación para la constitución de ISMA en Fundación.
En su opinión, de acuerdo con los estudios realizados por la abogacía anglosajona, pioneros en el ámbito del bienestar, los problemas de salud mental de los citados colectivos son superiores a los de la media de la población. Esta realidad genera unos costes, tanto personales como económicos, muy elevados en el sector legal.
En relación con los costes personales, añade, “hemos constatado que los problemas de salud mental (estrés, ansiedad y depresión, entre otros) y las adicciones (alcoholismo y drogadicción) son realidades que no son ajenas a las profesiones jurídicas. Sin embargo, no sabemos hasta qué punto el sector legal español padece igual que el anglosajón”.
En cuanto a los costes económicos, sostiene que “nuestros colegas norteamericanos han señalado que la falta de políticas de bienestar acarrean pérdidas importantes en los despachos. Esto último afecta al final a los derechos de empresas y ciudadanos”.
Para Atserías “la implementación de políticas de bienestar ha de convertirse en el principal objetivo de los despachos y colegios profesionales, de la Administración de Justicia y de las facultades de Derecho. No solo está en juego nuestra salud, sino también la eficacia del artículo 24 y 25 de nuestra Carta Magna”.
Poca información sobre abogacía y salud mental
El documento asegura que a nivel informativo hay escasa información sobre el abogado, su entorno y su estado mental. La que existe el presidente del ISMA la refiere a países como EEUU y Reino Unido donde la abogacía tiene un peso específico importante.
A nivel de EEUU señala que en 2016, se publicaron dos estudios sobre el bienestar de la abogacía y de los estudiantes de Derecho. Los resultados fueron extremadamente preocupantes. “La American Bar Association Commission on Lawyer Assistance Programs (CoLAP) y la Fundación HAZELDEN BETTY FORD publicaron una encuesta en la que participaron 12.825 abogados (muestra: colegios de abogados de 16 estados) sobre el consumo de alcohol y sustancias, cuestiones de salud mental y comportamientos de búsqueda de ayuda”.
Los resultados fueron los siguientes:
Entre el 21-36% de los encuestados eran bebedores problemáticos. Otro 28% de los encuestados eran bebedores sufrían depresión mientras que un 19% de los encuestados sufrían ansiedad y un 23% de los encuestados sufrían estrés. Al mismo tiempo un 0,7% había intentado suicidarse (si la muestra fuera del total de abogados norteamericanos, 1.300.000, nos llevaría a concluir que 9.100 abogados han intentado suicidarse).
En EEUU un 28% de los abogados encuestados eran bebedores y sufrían depresiones. Otro 0,7% había intentado suicidarse. Unos 9,100 abogados, en definitiva.
Sobre los estudiantes de Derecho, la Survey of Law Student Well-Being, en la que participaron más de 3.300 estudiantes (muestra: 15 facultades de Derecho), arrojó también resultados muy negativos:
El 17% de los encuestados padecía algún nivel de depresión. Otro 14% de los encuestados experimentaba ansiedad severa mientras que 23% de los encuestados tenía ansiedad media o moderada y un 6% de los encuestados había tenido pensamientos suicidas.
Sobre su relación con el alcohol, el 43% de los encuestados había consumido niveles excesivos de alcohol al menos una vez en las dos semanas anteriores. Otro 22% de los encuestados había consumido niveles excesivos de alcohol dos o más veces en las dos semanas anteriores mientras que un 25% de los encuestados caía en la categoría de estar en riesgo de alcoholismo.
Otros datos de este estudio señalan que 1 de cada 7 encuestados había tomado medicación recetada sin tener la receta del facultativo en el año anterior. Asimismo, se destaca el aumento en el consumo de marihuana y cocaína desde 1991. Para acabar, se detectó que ambos colectivos eran reacios a pedir ayuda.
Tras estos resultados, se creó un grupo de trabajo por la ABA Commission on Lawyer Assistance Programs (ABA COLAP), la National Organization of Bar Counsel (NOBC) y la Association of Professional Responsibility Lawyers (APRL) para abordar este problema. En agosto del pasado año publicaron un informe “The Path to Lawyer Well-Being: Practical Recommendations for Positive Change”. Este documento propone un conjunto de recomendaciones a los múltiples colectivos implicados con el objeto de afrontar esta cuestión y de garantizar que todos los profesionales jurídicos ejercen sus funciones de forma saludable.
Vea texto íntegro del documento
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