Noticias

Derechos Humanos.

Caso de Ayotzinapa, México: Amnistía Internacional destaca orden para crear una Comisión de Investigación.

Erika Guevara, directora para las Américas del organismo, sostuvo que «después de cuatro años de continuos fracasos en la investigación del caso, esta decisión representa un avance importante en la búsqueda de la verdad, justicia y reparación para los 43 estudiantes que fueron desaparecidos forzosamente la noche del 26 de septiembre de 2014».

9 de junio de 2018

Amnistía Internacional destacó que la decisión de un Tribunal federal de ordenar la creación de una Comisión de Investigación para la verdad y la justicia en el caso de Ayotzinapa, es un precedente importante que podría, sujeto a ciertas condiciones, iniciar un cambio sustancial en la forma de investigar graves violaciones a los derechos humanos en México.
Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, sostuvo que después de cuatro años de continuos fracasos en la investigación del caso, esta decisión representa un avance importante en la búsqueda de la verdad, justicia y reparación para los 43 estudiantes que fueron desaparecidos forzosamente la noche del 26 de septiembre de 2014”.
Amnistía comenta que la sentencia del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito en Tamaulipas, hecha pública el 4 de junio, reconoce que en México no hay una Fiscalía independiente, y que la investigación de la desaparición forzada de los 43 estudiantes ha sido profundamente defectuosa y no ha tomado en consideración las líneas de investigación adecuadas.
De acuerdo al organismo, entre las falencias en la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR), el Tribunal destacó las coincidentes y reiteradas alegaciones de tortura, la sustentación de la acusación casi exclusivamente a través de confesiones incriminatorias, y la omisión de investigar hechos y autoridades relevantes para el caso, incluyendo a miembros de la Policía Federal, el Ejército y la Marina.
Por lo tanto, explica Amnistía, el Tribunal consideró apropiado ordenar la creación de una Comisión indagatoria especial, que es un mecanismo que se utiliza algunas veces para garantizar investigaciones adecuadas de delitos de derecho internacional cuando hay sospechas de que los mismos podrían haber sido cometidos por agentes del estado, o cuando los órganos tradicionales de investigación se han mostrado incapaces de cumplir su función de manera adecuada.
El Tribunal, agrega Amnistía, sustentó esta parte de su fallo en el Protocolo modelo para la investigación legal de ejecuciones extralegales, arbitrarias y sumarias (Protocolo de Minnesota), la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el derecho constitucional mexicano.
La Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia será conformada por representantes de las víctimas, el Ministerio Público y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Otras organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos también podrán incorporarse.
Según Amnistía, el Tribunal ordenó que los representantes de las víctimas y la CNDH serán quienes toman las decisiones sobre las líneas de investigación a seguir y las pruebas a practicarse, y que su presencia será necesaria para la validez de toda acción investigativa en el caso.
Asimismo, recuerda que la sentencia coincide y toma en consideración los hallazgos que en su momento hicieron públicos tanto el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en sus informes sobre el caso.
Además de la creación de la Comisión de Investigación, dice también Amnistía, el Tribunal ordenó otras medidas para garantizar los derechos tanto de los acusados como de las víctimas. Entre otras, se ordenó la investigación pronta e imparcial de las alegaciones de tortura, la correcta valoración de las confesiones, el estudio legalidad de las detenciones y de la tardanza injustificada en poner a los detenidos ante una autoridad competente, y la evaluación del cumplimiento del derecho a contar con representación letrada efectiva.
En este sentido, Guevara Rosas afirmó que “esta determinación judicial asume correctamente que las víctimas son un actor central en los procesos de verdad, justicia y reparación y que su participación constante enriquece y facilita la investigación de los casos y el acceso a la justicia. Es imperativo que el Estado cumpla de buena fe con las órdenes del Tribunal".

 

Vea texto íntegro del documento

 

RELACIONADOS
*CIDH presenta Informe de Balance del primer año del Mecanismo Especial de Seguimiento de Ayotzinapa, México…
*Mecanismo de seguimiento del asunto Ayotzinapa realiza tercera visita oficial a México…

 

Te recomendamos leer:

Agregue su comentario

Agregue su Comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *