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Publican «Universidades chilenas en ranking 'The 2018': ratificando un diagnóstico ignorado».

LyD afirma que el ranking elaborado por el Times Higher Education, ubicó a las universidades chilenas entre las mejores de la región, lamentablemente, estos logros fueron desconocidos en la elaboración del diagnóstico que dio origen a la reforma que diseñó el Gobierno anterior.

21 de julio de 2018

En una reciente publicación del Instituto Libertad y Desarrollo (LyD) se afirma que esta semana se lanzó el Ranking de Universidades de América Latina 2018, elaborado por el Times Higher Education (THE), que igual que en su versión previa, ubicó a las universidades chilenas entre las mejores de la región.
Este resultado, que se suma a otros antecedentes, asegura LyD, es un ingrediente más que viene a ratificar los avances logrados durante las últimas décadas por nuestro sistema de educación superior, lo que nos hace sobresalir respecto a la región. Dicho diagnóstico, continúa, lamentablemente, fue ignorado por el Gobierno anterior y sus partidarios, quienes diseñaron una reforma educacional que, en la medida que avance en su implementación, pondrá en entredicho el progreso logrado hasta ahora.

NUEVE UNIVERSIDADES CHILENAS ENTRE LAS MEJORES DE LA REGIÓN

LyD detalla que el Ranking de Universidades Latinoamericanas THE 2018 ubicó a dos instituciones chilenas dentro del top 10 de la región: la Universidad Católica, que al igual que el año pasado se ubicó en el 3º puesto, y la Universidad de Chile, que descendió desde el 4º lugar del año pasado hasta el 6º en el presente año. Brasil, en tanto, es el país que encabeza el listado, con la Universidad Estatal de Campinas en el 1º lugar y con un total de 6 universidades dentro del top 10. Al comparar el ranking de este año con el de 2017, se registra un retroceso en gran parte de las universidades chilenas, lo que se explica por la mayor competitividad en la región más que por una caída en sus puntajes totales.
No obstante, se destaca, al analizar el listado, vemos que las universidades chilenas siguen destacando: 9 de ellas se encuentran dentro del top 50 y un total de 21 en el top 100. Ahora bien, se arguye, para dimensionar qué significan estos números, es necesario considerar el tamaño de cada país. De esta forma, se afirma que nuestro país es el que tiene más universidades en los primeros lugares en relación a su población: al tomar a las universidades del top 20, Chile cuenta con una universidad por cada 6 millones de habitantes, seguido por Brasil, con una cada 19 millones, y por Colombia, con una cada 24,5 millones.
Asimismo, se remarca que al revisar las universidades incluidas se encuentra la presencia no sólo de universidades tradicionales, sino también de otras nuevas que han venido a contribuir con una mayor diversidad de proyectos educativos. Es interesante constatar el nivel que han alcanzado estas universidades más nuevas –creadas después de 1981, a pesar de no contar con la trayectoria de las instituciones tradicionales ni el apoyo financiero directo del Estado.

RATIFICANDO EL BUEN DESEMPEÑO DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

El texto además resalta que los resultados proporcionados por el ranking THE 2018 se suman a otros logros que exhibe nuestro sistema de educación superior en términos de acceso y equidad, y ratifican los avances conseguidos en las últimas décadas.
Se expone el espectacular aumento en las matrículas de pregrado y en la cobertura. Si en 1990 había sólo 245 mil estudiantes en educación superior y la cobertura llegaba a apenas 16%, diez años más tarde estos valores prácticamente se duplicaron. De ahí en adelante, el crecimiento de la matrícula se aceleró aún más, llegando al millón de estudiantes en 2011. Y en los años más recientes, el ritmo de crecimiento de la cobertura se mantuvo, llegando a 56% en 2015, aunque con un alza más débil en la matrícula, que en 2018 llegó los 1,18 millones.
Al poner estos números en el contexto de los países de Latinoamérica, Chile lidera no sólo en cobertura promedio, sino también entre los sectores menos aventajados. De hecho, se encuentra en torno a la cobertura promedio de los países de la OCDE, en línea con países como Suecia y Noruega. Además, la probabilidad de asistir a educación superior en Chile es de 82%, lo que nos ubica como el segundo del grupo, sólo debajo de Nueva Zelanda.

LA IMPORTANCIA DE LA COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

A juicio de LyD hay tres razones principales que podrían ayudar a explicar el destacado desempeño de nuestro país en educación superior, que nos ha permitido situarnos a la cabeza de la región no sólo en términos de acceso y equidad, sino también en términos del número de instituciones top.
En primer lugar, las mejoras en los indicadores de educación escolar que se fueron logrando paulatinamente en las últimas décadas, en tanto ésta constituye la etapa previa sin la cual los jóvenes no pueden acceder a estudios superiores.
En ese sentido, se detalla enseguida, no se deben olvidar los desafíos que persisten en dicho sector: de acuerdo a las diversas bases de datos que provee el Mineduc, se encuentra que de los 77 mil alumnos que en 2016 cursaron IV Medio y que fueron calificados como prioritarios por pertenecer al 40% más pobre del país, más de la mitad (52,5%) no se matriculó en educación superior en 2017. Ello habla de la importancia de volver a poner el foco en este nivel educativo, contrario a lo ocurrido en los últimos años.
En segundo lugar, se añade, un elemento fundamental para conseguir el mayor acceso a educación superior tiene que ver con la inversión privada en educación superior, que diversificó la oferta y permitió dar cabida a más estudiantes que antes se encontraban excluidos. Ello se constata al ver que el alza experimentada por la matrícula en las universidades tradicionales -del CRUCh- es comparativamente baja respecto al resto de las universidades creadas después de 1981, así como a las instituciones de educación superior técnico profesional.
Un tercer factor que pudo haber contribuido con el mayor acceso a educación superior, se señala, es la creciente entrega de ayudas estudiantiles por parte del Estado, que coinciden con los períodos en que se aceleró el aumento de la matrícula. Hasta 1998 sólo se disponía de apoyo financiero para estudiantes de universidades del CRUCh, pero en 1998 nació la Beca Juan Gómez Millas, para alumnos de otras universidades, y en 2000, la Beca Nuevo Milenio, para alumnos de educación técnico profesional. En 2006 se creó el Crédito con Aval del Estado (CAE), para estudiantes de todas las instituciones acreditadas. Estas ayudas se focalizaron en los estudiantes más desaventajados, a diferencia de la gratuidad, que aunque partió en 2016 para los alumnos de universidades del CRUCh del 50% de menores ingresos del país, gradualmente se busca extender hasta la universalidad.
Pues bien, se plantea, es posible que los avances logrados por nuestro sistema de educación superior hayan sido gracias al esfuerzo conjunto del sector privado y del Estado. Por un lado la inversión privada permitió que se generara el espacio necesario, pero el mayor gasto del Estado posibilitó que quienes aún no podían costear los aranceles, recibieran parte de los recursos requeridos para aprovechar la nueva oferta que se fue abriendo para ellos. Asimismo, la autonomía con que operaron las instituciones permitió que la oferta pudiese adecuarse y responder a la mayor demanda. Si inicialmente la universidad estuvo reservada para unos pocos, el surgimiento de una mayor oferta -mayoritariamente privada- y la diversidad que con ella se introdujo, permitió democratizar el acceso.

MODELO EN PELIGRO

LyD asegura también que queda en evidencia que el modelo de colaboración público-privada que nuestro país ha seguido en las últimas décadas, le ha permitido cosechar importantes logros. Lamentablemente, éstos fueron desconocidos en la elaboración del diagnóstico que dio origen a la reforma que diseñó el Gobierno anterior. En lugar de potenciar la autonomía y generar mayor apoyo del Estado a la modernización, investigación e internacionalización, entre otros, se insistió en instaurar la gratuidad universal en forma paulatina, junto con una nueva institucionalidad para aumentar el rol del Estado y sustituir una serie de decisiones que hasta hoy correspondían a la esfera de autonomía de las instituciones de educación superior, como sus vacantes y aranceles. Lamentablemente, se arguye, los límites que se irán imponiendo conforme se vaya implementando esta ley constituyen una amenaza para el crecimiento y progreso que nuestro sistema ha mostrado hasta ahora.

 

Vea texto íntegro del documento

 

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