CGR no advierte infracción a deberes de probidad administrativa y abstención por parte de Directora del INDH.

Se solicitó a la Contraloría General de la República -por parte del entonces diputado Nicolás Monckeberg Díaz y los diputados Marcela Sabat Fernández y Diego Paulsen Kehr- se estableciera una infracción a los deberes de probidad administrativa y abstención por parte de la actual Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) por haber votado y aprobado el informe de esa entidad pública sobre irregularidades y abusos en los centros colaboradores del SENAME, toda vez que al tiempo de hacerlo, además de ser consejera de ese organismo público, era Directora Ejecutiva de la Corporación Opción, ente privado que recibe financiamiento del Estado en la labor de protección especializada de la infancia vulnerable. Asimismo, los citados requirentes, así como el señor Rolando Jiménez, solicitan que se determine si la remoción del exdirector del aludido Instituto se ajustó al debido proceso, en particular en cuanto al derecho a defensa.

Al respecto, el ente contralor señala que el principio de probidad administrativa se encuentra consagrado en el artículo 8° de la Constitución Política y desarrollado en el Título III de la ley N° 18.575, en sus artículos 52, 53 y 62 N°6, y en los números 1 y 5 N° 1 del inciso segundo del artículo 12 de la ley N° 19.880.

Asimismo, recuerda que tal como lo expuso el dictamen N° 21.414, de 2014, entre otros, la finalidad de la preceptiva expuesta es impedir que participen en el examen, estudio o resolución de determinados asuntos, aquellas personas que ejerciendo una “función pública” puedan verse afectados por un conflicto de intereses en el desarrollo de su empleo o función, en virtud de circunstancias que objetivamente puedan alterar la imparcialidad con que éstos deben desempeñarse.