CS revocó sentencia y acogió protección contra Municipalidad de Santiago por cobro de derechos de aseo a usuario de oficina virtual.

En fallo unánime, la Corte Suprema revocó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago y en su lugar acogió protección deducida por Arellano y Compañía Spa en contra de la Municipalidad de Santiago, frente al cobro de los derechos de aseo a dicha sociedad, pese a argumentar ante la entidad edilicia que su dirección es de carácter virtual para efectos tributarios y comerciales.

La sentencia del máximo Tribunal señaló a partir de un análisis del Decreto Ley Nº 3063, sobre Rentas Municipales en sus artículos 7 y 9, se entiende que las municipalidades están obligadas a certificar el monto del derecho de aseo que corresponda a una propiedad determinada y que este gravamen se cobra por cada vivienda o unidad habitacional, local, oficina, kiosko o sitio eriazo. Por ello, la directa vinculación entre los derechos de aseo y los inmuebles encuentra un fundamento notorio, además, en la comprobación fáctica de ser los desechos domiciliarios un producto de la actividad que se desarrolla en cada uno de ellos.

Añade la decisión de la Corte Suprema que, al mismo tiempo, esas disposiciones demuestran que la obligación de pagar derechos por servicio de aseo no rige para tantas personas cuantas ocupen un inmueble, menos aún para tantas cuantas sean prestatarias de servicios originados en él. De esto se sigue que no es el acto de establecer domicilio en un inmueble determinado, ni la recepción de correspondencia u otros actos análogos realizados en él, lo que hace nacer la obligación de pagar derechos de aseo. Al contrario, determina su surgimiento el tener el uso, goce o dominio pleno del inmueble, lo que se explica por la razonable asunción de ser esa tenencia, goce o dominio la generadora de desechos domiciliarios que han de costearse con los derechos de aseo.