TC declaró admisible inaplicabilidad que impugna norma que establece reglas sobre aplicación de la nulidad del despido y su convalidación.

El Tribunal Constitucional declaró admisible un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de artículo 162, inciso quinto, oración final; e incisos sexto, séptimo, octavo y noveno, del Código del Trabajo.

La gestión pendiente incide en autos de cumplimiento laboral, seguidos ante el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago, en los que se persigue el pago de la sanción de nulidad del despido y demás prestaciones desde el 2009, sin gestión útil alguna desde el año 2011.

El requirente estima que la norma impugnada vulnera el principio de proporcionalidad de las sanciones, comprendido en las garantías de no discriminación arbitraria y del debido proceso, por cuanto la imposición de una sanción desproporcionada, como el monto en el que actualmente se fija la sanción (más de 100 millones de pesos), que no guarda relación alguna con la conducta a partir de la cual se impone o que no se encuentra una justificación suficiente en los hechos específicos que se invocan para aplicarla, constituye un tratamiento arbitrario respecto de aquella persona que debe soportarla. En este sentido, al exigir que toda sanción que se aplique guarde un cierto equilibrio con el comportamiento en virtud de la cual se la justifica, el principio de proporcionalidad viene a hacer efectivos los contenidos de la prohibición de la discriminación arbitraria, al impedir que la actividad punitiva adopte tal carácter al ser ejercida. Además, el mecanismo sancionatorio continúa operando de manera ilimitada en el tiempo, sin consideración alguna al hecho de que el actor no está desarrollando ya trabajo alguno. En este mismo sentido, el requirente alega que, además, en el caso concreto la sanción aparece absolutamente desproporcionada, si se considera que en la especie, la sanción se aplicó a un caso de autodespido, vale decir, nunca despidió al trabajador demandante.