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Acusación Constitucional contra la ministra Silvana Donoso: la independencia judicial en riesgo, es el título de una publicación del Instituto Libertad y Desarrollo.

El Senado debe rechazar la acusación constitucional demostrando su apego al Estado de derecho por sobre el rédito político.

12 de septiembre de 2020

La Cámara de Diputados decidió acusar constitucionalmente a la ministra Silvana Donoso por 73 votos a favor, 52 en contra y 14 abstenciones. En síntesis, se acusa a la ministra de haber transgredido su deber de imparcialidad, haciendo valer sus preferencias personales por sobre el texto de la ley dictando una resolución carente de justificación. Ahora, el Senado deberá resolver como jurado sobre el fondo del asunto.
En una publicación del Instituto Libertad y Desarrollo, titulada “Acusación constitucional contra la ministra Silvana Donoso: la independencia judicial en riesgo”, se alerta que lo anterior no sólo constituye una grave amenaza contra la independencia judicial y desdibuja completamente el sentido de la acusación constitucional por notable abandono de deberes, sino además con tal acción se contribuye al progresivo socavamiento de las instituciones y principios que sustentan el Estado de Derecho, como ocurrió con la frustrada nominación del ministro Raúl Mera para ocupar un cargo en la Corte Suprema o la acusación constitucional contra tres ministros de dicho tribunal, en 2018.
Enseguida, el estudio se pregunta por qué debe rechazarse la acusación constitucional, y da cuatro razones:
a. La peor amenaza contra la imparcialidad de los jueces proviene del abuso de la acusación constitucional por notable abandono de deberes.
b. La acusación constitucional no procede por meras diferencias de interpretación de la ley.
c. La acusación constitucional no es el mecanismo adecuado para corregir errores en la aplicación de la ley.
d. La acusación constitucional no procede por los malos resultados en la aplicación de leyes defectuosas.
Concluye la publicación señalando que la acusación constitucional contra la ministra Silvana Donoso constituye una grave amenaza a la independencia judicial que, junto a otras actuaciones del Congreso Nacional, configuran un escenario peligroso para la autonomía de los jueces. Los parlamentarios deben comprender que tienen el deber no sólo de respetar las decisiones de los tribunales de justicia, sino además de no amenazar a los jueces por el contenido de sus decisiones. El sentido de la acusación constitucional es controlar el incumplimiento notorio de los deberes formales de los jueces, o bien, la aplicación errónea de la ley a sabiendas, con intención torcida y dolosa. De aquí que el Senado debe rechazar la acusación constitucional, demostrando su apego al Estado de Derecho por sobre el rédito político.

Vea texto íntegro del documento.

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