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Al Senado.

CS despacha informe sobre proyecto de ley que busca dotar de mayor eficiencia al sistema de justicia tras estado de excepción.

Examen que abarcó las propuestas en tramitación y su efecto en los procedimientos en el ámbito de la justicia penal, civil, laboral y familia; el Código Orgánico de Tribunales, el Código de Procedimiento Civil; en el funcionamiento de la Corte Suprema, de las Cortes de Apelaciones, y las leyes de tramitación electrónica, de protección a los derechos de los consumidores, RPA, y de procedimientos de los juzgados de policía local.

16 de octubre de 2020

Reunido el tribunal pleno de la Corte Suprema, analizó el proyecto de ley iniciado por mensaje presidencial, que «Reforma el sistema de justicia para enfrentar la situación luego del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública». Informe que fue enviado a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado el martes 13 de octubre.

El máximo Tribunal hizo un acabado análisis de la iniciativa que busca dotar de mayor eficiencia al sistema de justicia para hacer frente a la sobrecarga de trabajo que sobrevendrá una vez que finalice el estado de excepción constitucional de catástrofe decretado para enfrentar la pandemia de covid-19. Examen que abarcó las propuestas en tramitación y su efecto en los procedimientos en el ámbito de la justicia penal, civil, laboral y familia; el Código Orgánico de Tribunales, el Código de Procedimiento Civil; en el funcionamiento de la Corte Suprema, de las Cortes de Apelaciones, y las leyes de tramitación electrónica, de protección a los derechos de los consumidores, RPA, y de procedimientos de los juzgados de policía local.

Asimismo, plantea una serie de nuevas propuestas para garantizar el correcto servicio judicial, tanto en tiempos de emergencia sanitaria, como de retorno a la normalidad.

«El proyecto de ley del Ejecutivo persigue procurar la mayor eficiencia del sistema de justicia producto de la sobrecarga de trabajo que sobrevendrá una vez que finalice el estado de excepción constitucional de catástrofe decretado para enfrentar la pandemia del Covid19 y, al mismo tiempo, limitar la presencia física de las personas y el flujo cotidiano de las mismas en los tribunales de justicia, a fin de evitar generar focos de contagio del Covid19», plantea el informe.

«El proyecto de ley modifica los principales cuerpos legales de carácter procesal, con un vasto y extenso arsenal de propuestas, de las cuales no todas necesariamente apuntan directamente a los objetivos explicitados del proyecto; así se advierte cuando corresponde a lo largo de este pre informe. A su vez algunas de estas propuestas no relacionadas con los objetivos, introducen cambios sustantivos en términos similares a lo que propone el proyecto de Reforma Procesal Civil, aunque sin ir acompañada, se entiende, de todos los dispositivos jurídicos, dotacionales y de organización que le dan consistencia y solidez a cambios de esta naturaleza», añade.

«De acuerdo a lo expuesto, es posible concluir que más allá de las particularidades anotadas, el proyecto constituye un laborioso y valioso esfuerzo en brindar al sistema de justicia entero herramientas legales del más variado tipo para hacer frente no solo a la sobrecarga de trabajo que se avecina, sino también nuevas formas de comunicación, de manera prudente y con un pretendido respeto a las garantías del debido proceso, que hacen posible el avance de los procesos bajo escenarios de limitación del desplazamiento de las personas, los que a su vez serán de utilidad de manera permanente, ubicando a la justicia -vía nuevas tecnologías- de lleno en el siglo XXI», opina el máximo Tribunal.

 

Vea informe proyecto de ley  N° 35-2020

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