La ley castiga una conducta que realmente genere un riesgo para la salud pública, por lo que no sanciona simplemente la infracción formal a las reglas de salubridad que el MINSAL hubiere publicado.
Complementariamente aplica lo dispuesto en las leyes N°21.306 y N°21.405.
El tiempo y el lugar en que ocurrió el contagio y la muerte de la persona, establecen un nexo causal que permite acreditar la presunción de laboralidad necesaria para decretar un accidente de trabajo.
El máximo Tribunal adopta esta decisión al verificar que la aplicación irrestricta de la ley 21.249 (que imposibilitó el corte de servicios básicos durante parte de la pandemia) beneficia a los ocupantes irregulares del inmueble de la recurrente, pues se generaron deudas a su nombre por consumos que realizaron los primeros.
Se trata de una ausencia por causa o motivo que no es imputable al trabajador.
El ISP no cumplió de forma clara la entrega de estos antecedentes ante requerimiento que se le formuló.
El vacunarse en contra del Covid-19 es un acto libre, que no impone sanciones, no obstante quienes ejerzan esa libertad deben asumir las consecuencias jurídicas que puedan hacerse valer en su contra, como en la especie, las restricciones al pase de movilidad.
La información requerida es de carácter pública, al estar contenida en los registros del Ministerio de Salud. Además, tratándose de un derecho con consagración constitucional, el acceso a la información pública debe ser la regla general, descartando la aplicación de la reserva alegada por el órgano público.
Se configura una anomalía de la cosa, de tipo jurídica, que integra el supuesto de hecho referido a la calidad de la cosa arrendada reglado por el artículo 1932 del Código Civil.
La interferencia en los derechos fundamentales del personal de salud está justificada por la protección de los grupos más vulnerables a la pandemia, lo que constituye un interés jurídico de mayor trascendencia que debe ser cautelado por el legislador, dado que está en riesgo el bien común.
Al interpretar la norma del artículo 1932 del Código Civil, el máximo Tribunal entiende que durante los meses de abril a agosto del año 2020 el arrendatario no pudo ocupar una oficina arrendada debido a las restricciones impuestas por la autoridad sanitaria.
