CS acoge recursos de unificación de jurisprudencia deducidos en contra de la sentencia que desestimó la calidad de empresa principal del Gobierno Regional de Arica y Parinacota.

Los arbitrios presentados por la parte demandante y la demanda principal se sustentan en la decisión de la Corte de Apelaciones de Arica que acogió el recurso de nulidad interpuesto por el Gobierno Regional de Arica y Parinacota y que en sentencia de reemplazo desestimó la demanda a su respecto. Así, la materia objeto del juicio dice relación con determinar si resultan aplicables a la demandada solidaria lo dispuesto en el artículo 183- A y siguientes del Código del Trabajo.

El fallo razona que la ley sobre Gobierno Interior y Administración Regional facultó a los gobiernos regionales para constituir con otras personas jurídicas corporaciones o fundaciones de derecho privado destinadas a motivar actividades o iniciativas sin fines de lucro, en aras del desarrollo en temas sociales, económicos y culturales de la región, determinando que las mismas se rijan por las normas del Título XXXIII del Libro Primero del Código Civil, estipulando un régimen especial de aportes que éstos pueden realizar a aquellas. Particularmente, la Ley N°19.669 autorizó al Gobierno Regional de Arica y Parinacota a integrar y participar en la formación de dichas corporaciones para las provincias respectivas.

Luego puntualiza que el sentido del concepto de empresa principal no excluye a ciertas personas naturales o jurídicas, del sector público o privado, salvo aquella hipótesis expresamente prevista por el legislador, siendo determinante el elemento que las labores ejercidas constituyan actividades pertenecientes a la organización de la empresa principal. En consecuencia, determina que formar parte de la Administración el Estado no constituye una circunstancia que libera de la responsabilidad derivada del régimen de subcontratación.