La Corte de Valparaíso confirmó lo resuelto por el 3° Juzgado Civil de esa ciudad, que acogió la demanda de indemnización interpuesta por la viuda, hijos y madre del trabajador minero Luis Beiza, detenido que en 2013 murió en el calabozo de la 2a Comisaría de Carabineros de Llay-Llay, en la Región de Valparaíso.

El pago de $200 millones debió realizar el Estado a fines de diciembre por «su responsabilidad de la vida del que está bajo custodia policial, aun cuando la causa oficial de muerte sea el suicidio».

Cabe recordar que  el trabajador fue objeto de un control de identidad por cuatro uniformados de esa unidad y acusado de microtráfico en un procedimiento irregular, como acreditaron el sumario administrativo de Carabineros y la Fiscalía Militar de Aconcagua.

«Se inventó una llamada telefónica (que lo denunciaba de vender droga), se falseó el libro de registros en cuanto a la hora de ingreso del detenido y no se le asignó un vigilante, lo que concadenó en la muerte de Luis Beiza», dice la sentencia.

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Esto configuró “falta de servicio” del Estado, al no evitar que el detenido se matara usando su chaleco como una cuerda. La familia duda del suicidio, ya que el Tribunal de Garantía de La Ligua condenó al forense del Servicio Médico Legal por “falsificación de documento público”. La exhumación del cadáver demostró que no se retiraron órganos clave descritos en la autopsia, que estableció que Beiza murió de asfixia.

Vea texto íntegro de la sentencia Rol Nº2804-19