El propósito es habilitar un permiso de acompañamiento para personas en riesgo de suicidio, lo que permitirá a cualquier individuo, ya sea familiar o amigo/a apoyar a uno de los suyos en esta situación difícil y extrema, sin temor a perder el empleo.

Es cierto que la literalidad de la norma se refiere a la asistencia para realizar actos primarios y elementales; sin embargo, por una aplicación analógica, deben ser objeto de inclusión en la situación de gran invalidez los casos graves de alteraciones mentales cuando es necesaria la continuada asistencia de otra persona para evitar conductas de agresividad que pongan en peligro la seguridad propia o ajena.

Quien contrae la obligación de prestar un servicio lo debe hacer en condiciones adecuadas para llenar el fin para el que ha sido establecido y es responsable de los perjuicios que cause su incumplimiento o ejecución irregular.

El suicidio puede considerarse como accidente de trabajo cuando queda probado que la situación emocional determinante de esta decisión se encuentra directamente relacionada con las condiciones laborales del trabajador que adopta tan drástica medida, fruto de la angustia y tensión que su vida laboral le produce.

Las deficiencias del sistema penitenciario aumentan las probabilidades de suicidio, no obstante, el Centro Penitenciario contaba con programas específicos para evitarlo.

Le incumbe al profesional tratante cargar con la prueba de que obró diligentemente, es decir, que empleó los estudios y tratamientos llevados a cabo para dejar al descubierto la imprevisibilidad o inevitabilidad de la conducta del paciente.

Si los agentes policiales hubieran adoptado las medidas de seguridad, probablemente el deceso de la víctima no se habría producido.

Según el tribunal se incurrió en «falta de servicio» en el presunto suicidio de una persona en una comisaría ocurrido en 2013.