El Tribunal Supremo alemán ratificó las condenas impuestas en 2019 contra la empresa de armamentos Heckler & Koch y dos de sus empleados por exportación ilegal de armas a México.
Se trata de la venta ilegal de unos 4.219 fusiles de asalto G36 y sus componentes a zonas de México en conflicto, para las que no se autorizan esas exportaciones.
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En Alemania existen duras restricciones en cuanto a la exportación de armamentos, cuya Constitución determina que “sin autorización del Gobierno Federal no podrán ser fabricadas, transportadas ni comercializadas armas de guerra” (Artículo 26.2). Cualquier exportación de armas, por lo tanto, está sujeta a un proceso de aprobación por parte del Gobierno Federal, pero en la práctica pocas solicitudes llegan hasta los niveles más altos de Gobierno, ya que en general se resuelven a nivel de ministerios y sólo las más importantes o controvertidas son presentadas al Consejo Federal de Seguridad, del que forman parte el Canciller y otros integrantes del gabinete. En la práctica, la empresa que realiza una solicitud de exportación de armas debe entregar una declaración de destino final firmada por el país, que, además, la obliga a no proliferar las armas a otra región. La solicitud se dirige al Ministerio de Economía que, con base en los principios políticos del gobierno y las leyes de Control de Armas de Guerra y de Comercio Exterior, consulta con los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Defensa sobre ella.
En este caso, para posibilitar la venta de armamento, se presentó documentación falsa al Ministerio de Economía alemán, en el que se modificó el destino final de las armas. Esta exportación ilegal se reveló por las denuncias de activistas defensores de derechos humanos, que documentaron el destino real de las armas a zonas en conflicto como Jalisco, Chiapas, Chihuahua y Guerrero. Incluso la investigación reveló que algunos de los fusiles de asalto de Heckler & Koch fueron utilizados en la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.
La audiencia de Stuttgart había declarado en febrero de 2019 culpables a dos de los cinco empleados inicialmente encausados, condenándolos a penas de un año y diez meses de libertad condicional, además de un pago de 80.000 euros, y de un año y cinco meses de libertad condicional, respectivamente. Los otros tres acusados fueron absueltos. Además, la empresa no estaba acusada por la Fiscalía, pero se ordenó la confiscación de más de tres millones de euros, correspondientes a las ganancias obtenidas por las ventas ilegales.
Heckler & Koch impugnó la sentencia, mientras que la Fiscalía pidió una revisión de las condenas a todos los acusados. Finalmente, el Tribunal Supremo confirmó, en su totalidad, el fallo de primer grado.