Es la segunda vez en su historia que México acude a la CIJ luego de su demanda contra Estados Unidos en el 2006 (en ambos casos como Estado demandante). De igual manera, para Ecuador, es la segunda vez que comparecerá en su historia ante el juez de La Haya, esta vez como Estado demandado (a diferencia de la demanda que había interpuesto contra Colombia en el 2008).
El caso se centra en las acusaciones de México de que cinco tiendas de armas han estado involucradas en ventas ilegales que alimentan la violencia en el país. Se citan ejemplos específicos, como la venta de rifles AK-47 y otras armas de fuego a individuos sin los controles adecuados.
Las recientes amenazas en contra de los propuestos beneficiarios, permiten evidenciar la posibilidad de que, de manera inminente, estos afronten nuevos hechos de riesgo. En consecuencia, la Comisión advierte sobre la necesidad de que se adopten medidas de protección inmediatas, así como que se efectúen las medidas de concertación correspondientes.
En su comunicado Chile indica que: «Considerando que actualmente existe una investigación en curso por parte de la Fiscalía de la CPI respecto a la situación de Palestina, el objetivo de la remisión de Chile es apoyar al fiscal en su indagación».
La opinión consultiva solicitada por México es una oportunidad histórica por distintas razones. Se trata de una resolución con el potencial de tener un impacto importante en la manera en la que se atiende el problema de la violencia armada en toda la región. A su vez, también resulta relevante porque la Corte podrá definir de forma clara y justificada los alcances y límites de la responsabilidad internacional de empresas privadas por violaciones a los derechos humanos, particularmente en un contexto en el que el riesgo provocado es altísimo.
Las autoridades no actuaron mientras el demandante, entonces menor de edad, corría el riesgo de sufrir una vulneración de su derecho a la vida privada. Una vez que tuvieron conocimiento de esa situación, cumplieron su obligación de tomar medidas específicas para ayudar al solicitante a obtener la documentación y garantizar el respeto de sus derechos.
El desplazamiento ha significado la pérdida de identidad social y cultural, en particular, para los Pueblos Indígenas, que tienen un especial apego a sus tierras ancestrales. Familias indígenas desplazadas lamentaron que las nuevas generaciones hayan perdido el vínculo con su territorio, y se hayan debilitado sus usos y costumbres.
La iniciativa se promueve a partir del caso de una joven brutalmente asesinada cuyas imágenes y la de su cadáver fueron filtradas por agentes de seguridad que intervinieron en la escena del crimen. Se propone castigar al hechor funcionario público que divulgue imágenes de mujeres y menores de edad asesinados con una pena de hasta 15 años de cárcel, y si es un particular a 18 años, además del pago de una multa de 9.000 dólares.
Dictaminó que los artículos 330 al 334 del Código Penal Federal, que hacen punible el aborto, son inconstitucionales por violar los derechos de las mujeres gestantes. Del mismo modo, señala que estas normas configuran una discriminación por razón de género al imponer la maternidad por sobre la libertad sexual de las embarazadas.
La situación de riesgo es susceptible de continuar y exacerbarse con el tiempo, al guardar relación con labores de defensa de derechos humanos y la persecución de los agresores, a la luz de las denuncias presentadas, de tal forma que resulta necesario reforzar de manera inmediata medidas para salvaguardar los derechos de las afectadas.
El Estado ha dado cumplimiento total al pago de las cantidades fijadas en la sentencia por concepto de “daño moral, daño inmaterial y lucro cesante”, así como al reintegro de gastos a favor de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
