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Con suspensión.

Inaplicabilidad presentada por Corporación Educacional que impugna norma que permite embargo de subvención escolar, se admite a trámite.

Se infringirían las garantías constitucionales del derecho a la educación y a la propiedad.

4 de junio de 2021

La Primera Sala del Tribunal Constitucional admitió a trámite, con suspensión, el artículo 15, inciso segundo, del D.F.L. N° 2, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley Nº 2, de Educación, de 1996, sobre subvención del Estado a establecimientos educacionales.

El precepto impugnado establece, en lo que interesa, que “La subvención se pagará mensualmente por el Ministerio de Educación en la forma y condiciones que fije el reglamento. La subvención sólo podrá ser pagada a los sostenedores o sus representantes legales, salvo en el caso de medidas judiciales”.

La gestión pendiente incide en un proceso sobre cumplimiento laboral, seguido ante el Juzgado de Letras de Peñaflor, en el que se ordenó el embargo de la subvención escolar de la Corporación Educacional requirente.

La Corporación Educacional requirente estima que el precepto impugnado infringiría el derecho a la educación, toda vez que, al aplicar la norma señalada, se estaría privando a alumnos de escasos recursos económicos de recibir educación, y, justamente, la actual reforma educacional apunta a este derecho. Así, agrega que está claro que la finalidad de la ley es proteger los derechos de los niños a la educación, por lo que destinar los dineros de la subvención a otros fines perturba, vulnera y restringe su derecho a una educación de calidad. Asimismo, considera vulnerado el derecho a la propiedad, pues al aplicar para el caso concreto el artículo 15 inciso segundo del DFL N° 2 de Educación, provocará un impacto tal que afectará no solo a los alumnos, sino que también a toda la planta de docente asistentes de la educación de la requirente, ya que no estarán los recursos para pagar a tales funcionarios como los demás gastos inherentes a la actividad propia de un colegio, por lo que la aplicación de dicho precepto utilizado por el juez, vulnera con claridad el derecho de propiedad reconocido, garantizado y protegido por la norma constitucional citada.

A mayor abundamiento, agrega el requerimiento que el decretar el embargo sobre los fondos que percibe como sostenedora de la escuela, solo tendería a generar un caos económico y la imposibilidad de la continuidad del servicio educación que esta presta a la sociedad, y en particular a la comunidad de la comuna de Peñaflor.

La Sala designada por la Presidenta del Tribunal Constitucional confirió traslado a las demás partes de la gestión pendiente por el término de diez días antes de pronunciarse sobre la admisibilidad del requerimiento. En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.

 

Vea texto íntegro del requerimiento y del expediente Rol N°10.999-21.

 

 

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