CGR dictamina que no procede que la Superintendencia de Servicios Sanitarios exija declaraciones juradas a las concesionarias de servicios sanitarios.

La Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos S.A. le solicitó a la Contraloría General de la República que determine si resulta procedente que la Superintendencia de Servicios Sanitarios exija declaraciones juradas en el marco de sus facultades fiscalizadoras y de requerimiento de información, puesto que, a su juicio, dicha entidad carecería de atribuciones al respecto.

La Superintendencia, en síntesis, informó que por causa de la pandemia del Covid-19 que afecta al territorio nacional, adoptó la modalidad de fiscalización de gabinete “que implica la realización de fiscalizaciones presenciales estrictamente necesarias y el relego de la potestad de fiscalización, mayoritariamente, a la facultad de pedir información, lo que servirá de base para iniciar procedimiento de sanción”.

En ese contexto, respecto de las declaraciones juradas puntualiza que “debe reconocer que la calificación que se hace a tal declaración, puede tener una interpretación equívoca, y tal instrumento puede ser motivo de otra consideración, que es distinta de aquella que se tuvo presente al hacer el requerimiento. Pues, el único fin perseguido, es que la información provenga de la persona responsable y habilitada para entregarla, como parte válida de la concesionaria fiscalizada”.