La Corte Suprema confirmó la sentencia dictada por la Corte de Concepción, que acogió el recurso de protección interpuesto en contra de la Dirección General de Carabineros por un matrimonio formado por funcionarios de la institución, que fueron trasladados a prestar servicios a la Región Metropolitana.

Los actores exponen que se desempeñan en unidades policiales distintas, pero dependientes de la Prefectura de Carabineros Talcahuano, y que forman un matrimonio con dos hijas con las cuales viven en el bien raíz que adquirieron en Concepción. No obstante, la Dirección Nacional de Personal de Carabineros dispuso el traslado de ambos a la Región Metropolitana, escenario que los destruye emocionalmente, al proyectar una vida familiar disgregada en la ciudad de Santiago, porque no contarán con una red de apoyo familiar y pone en riesgo la salud de sus hijas.

Añaden que la actora solicitó audiencia con el Prefecto de Talcahuano con el objeto que la decisión fuera reconsiderada, a raíz de la cual se confeccionó un informe social, en el que se constató el trastorno ansioso por separación que sufre su hija mayor y, en virtud del cual, el Prefecto estimó atendible su petición y remitió al Director Nacional de Personal de Carabineros todos los antecedentes para que se pronunciare al respecto. Sin embargo, alegan que la autoridad no acogió su solicitud, sin referirse a los argumentos que se esgrimieron, ni a la opinión del Prefecto de Talcahuano, ni al informe social e informes psicológicos aportados, entre otros antecedentes.

Sostienen que tal decisión vulnera los derechos previstos en el artículo 19 N°1 y N°2 de la Constitución, ya que afecta la integridad psíquica de los individuos que componen el matrimonio y, consecuencialmente, podría agravar el trastorno que padece su hija mayor cuando la niña constate que sus padres deberán radicarse en la región Metropolitana y ella deberá quedar al cuidado de sus abuelos maternos. Por ello, solicitan a la Corte que ordene a la recurrida dejar sin efecto sus traslados.

En su informe, la recurrida manifiesta que el traslado del actor atiende al excesivo tiempo de permanencia en la zona y para no separar ambos cónyuges, se dispuso su traslado simultaneo a unidades dependientes de la misma Prefectura Santiago Sur; de modo tal, que se cumple el principio de igualdad ante la ley y corresponde al ejercicio de la potestad discrecional de la administración. En relación a las hijas del matrimonio, las que se encontrarían en Quillón al cuidado de sus abuelos, afirma que ello obedece a una decisión familiar de la que Carabineros no puede hacerse cargo.

Al respecto, la Corte de Concepción indica que la resolución impugnada adolece de absoluta falta de fundamentación y de análisis de los antecedentes sociales de la familia de la actora, compuesta por su cónyuge y las hijas de ambos, así como de la enfermedad que padece la mayor de ellas.

Sostiene que, “sin desconocer las competencias y atribuciones de la parte recurrida para adoptar decisiones que conciernen a sus subordinados, destinadas a prestar el servicio que por ley está llamada a cumplir, es lo cierto que, en el ejercicio de esas potestades, se debe tener en especial consideración la protección de personas que el Estado reconoce valiosas por sí mismas, y que requieren de especial resguardo, como es el caso del interés superior del niño, niña o adolescente, consagrado en diferentes normas legales y tratados internacionales, que trasuntan un conjunto sistémico de principios tutelares que inspiran la materia, como, por ejemplo, el principio de protección al más débil”.

Además, hace presente que las normas que regulan los traslados del personal de Carabineros de Chile, contienen elementos que posibilitan la consideración de situaciones especiales, entre ellos, aspectos personales que, “corresponden a aquellos aspectos que, sin constituir elementos que incidan directamente en el desempeño laboral del personal, pudiesen afectar, indirectamente, su productividad e interés para cumplir con sus obligaciones, tales como: b) Salud del personal o de los miembros de su grupo familiar, fundamentalmente en caso de que alguno de ellos requiera atención profesional especializada o, por indicación médica, demande una especial permanencia física en algún lugar determinado, o fuera de este”.

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En virtud de lo anterior, estima que no son pocas las variables que se deben tomar en consideración al resolver situaciones como la descrita en la especie, por lo que la resolución que decida definitivamente la petición de la afectada requiere de una carga argumentativa superior a la meramente formal como la expuesta, que se funda únicamente en que los padres se encuentran unidos por vínculo matrimonial, lo que la transforma en arbitraria por carecer de la razonabilidad suficiente que la justifique, vulnerando con ello la garantía contemplada en el artículo 19 N°1 de la Constitución.

En mérito de lo expuesto, acogió el recurso de protección, sólo en cuanto dispuso que “la Dirección Nacional de Personal de Carabineros de Chile, deberá emitir un nuevo pronunciamiento respecto de la solicitud de reconsideración presentada por la actora, que tome en consideración los informes acompañados a ella; y que contenga todos los fundamentos adecuados a la particular situación del matrimonio formado por dos funcionarios de Carabineros y sus dos hijas de corta edad”.

La decisión fue confirmada por la Corte Suprema en alzada.

Vea sentencias de la Corte Suprema Rol N°6.031-2022 y Corte de Concepción Rol N°375-2022.