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Informe de La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión da cuenta del tratamiento de este derecho en Perú.

El órgano reconoce avances desde el retorno de la democracia, pero recomienda tomar acciones frente a hechos que amenazan la libertad de prensa.

24 de junio de 2022

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE), organismo perteneciente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), publicó el informe de observaciones preliminares, en el cual, alerta sobre las constantes vulneraciones a la libertad de expresión que ocurren en el país andino, y su creciente polarización.

En tal informe, la RELE señala sus conclusiones tras una visita a Perú entre los días 16 al 20 de mayo, en la que se entrevistó con una serie de autoridades peruanas, entre las que se encuentran el presidente de la República del Perú, don Pedro Castillo, y la presidenta del Congreso, doña María del Carmen Alva Prieto, además de entrevistar a actores sociales y periodistas. En sus conclusiones la Relatoría hace hincapié en la falta de acceso a la información, y en la degradación de los mecanismos de protección de la libertad de expresión, que vendría profundizándose desde la crisis institucional ocurrida en el año 2020, que provocó la salida del entonces presidente don Martín Vizcarra.

En el informe, se mencionan una serie de hechos que vulneran la libertad de expresión, tales como, amenazas, agresiones a periodistas y comunicadores, así como la persecución civil y penal en contra de estos. En contraposición, la RELE “(…) valora positivamente la existencia de mecanismos de autorregulación en Perú, incluyendo la existencia de un mecanismo de quejas ante un Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana”. Del mismo modo, reconoce que el país ha avanzado en estas materias desde el retorno a la democracia.

El informe también contiene una serie de recomendaciones al Estado peruano, como rechazar transversalmente todo atentado a la libertad de expresión e investigar imparcialmente las agresiones. A su vez, propone derogar el delito penal de difamación y calumnia, para reemplazarlos por mecanismos civiles de protección al honor, entre otras medidas.

 

Vea texto íntegro del informe de la RELE.

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