Corte Suprema de Colombia.
Fuero parlamentario de congresistas opera desde la certificación realizada por la autoridad competente, y no desde el efectivo ejercicio del cargo.
El fuero es una garantía procesal que pretende amparar la investidura del congresista más que al servidor público como tal. Se activa con el reconocimiento de haber sido electo y no con el ejercicio de las funciones que se despliegan con el acto solemne de la posesión.
La Corte Suprema de Colombia reconoció la calidad de aforado de un congresista acusado de malversación de fondos, por lo que dispuso que debe ser enjuiciado a través de un procedimiento especial.
El recurrente fue imputado por incumplimiento contractual y prevaricación por presuntos ilícitos cometidos mientras se desempeñaba como gobernador provincial. El Ministerio Público presentó estos cargos en su contra en virtud de la Ley 906.
Sin embargo, la defensa adujo que el recurrente debía ser procesado en razón de la Ley 600, que contempla un procedimiento especial. Lo anterior dado que este posee fuero “(…) por resultar electo como representante de su provincia ante el congreso, por lo que, de acuerdo con el artículo 235 de la Constitución, el trámite del juicio debe adelantarse por los lineamientos de la Ley 600”.
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