Tribunal Constitucional de Perú.
Demanda que el Congreso de la República de Perú dedujo contra el Poder Judicial, se declara admisible.
Cada órgano público debe desarrollar sus competencias de acuerdo con el marco constitucional e interpretará automáticamente el alcance de las disposiciones constitucionales que se refieren a ellas. Solo cuando se alegue que en tal tarea se han afectado las atribuciones de otro poder u órgano constitucional podrá plantearse la demanda competencial ante este tribunal.
El Tribunal Constitucional de Perú resuelve la admisibilidad de la demanda de contienda de competencias que el Congreso de la República dedujo contra el Poder Judicial peruano.
En cuanto a su contenido, la demanda aduce que el Poder Judicial “(…) ha ejercido su potestad de administrar justicia de manera indebida y, con ello, impide que el Congreso ejerza las competencias que la Constitución le asigna de forma exclusiva. En la especie, ha vulnerado el principio de separación de poderes pues se ha atribuido, improcedentemente, competencia para pronunciarse sobre el procedimiento de elección o remoción del defensor del Pueblo”.
Agrega que el Poder Judicial ha impedido, inconstitucionalmente, al Congreso llevar a cabo investigaciones sobre cualquier asunto de interés público, y ha soslayado su facultad para ejercer control político sobre funcionarios públicos. Además, alega que ha interferido en los procedimientos de aprobación y promulgación de leyes.
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