El requirente alega que la norma legal objetada infringe los principios de supremacía constitucional, de juridicidad y de responsabilidad ministerial, desde que se le impide a la Corte Suprema intervenir conociendo un recurso de queja y pueda invalidar la decisión de la Corte de Apelaciones cuando haya resuelto con falta y abuso grave.
Se trata de la simple aplicación del principio de supremacía de la Constitución cuya consecuencia inmediata determina que la jurisdicción originaria y exclusiva de la Corte no está sujeta a las excepciones que pueda establecer el Congreso.
El requirente estima que el precepto legal objetado vulnera su derecho de igualdad ante la ley, el derecho al recurso y defensa, y el principio de legalidad y supremacía constitucional.
En caso de colisión entre el derecho nacional y la legislación europea, el primero debe imponerse.
La Primera Sala ha logrado formarse la convicción de que la acción constitucional deducida no puede prosperar, en tanto concurre la causal de inadmisibilidad prevista en el numeral 6° del Artículo 84 de la LOCTC.
