No se acreditó que el trabajador ejerciera facultades de representación respecto del empleador, por lo que su despido es improcedente.

La Corte de Arica rechazó el recurso de nulidad interpuesto en contra de la sentencia dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de la misma ciudad, que acogió una demanda por despido improcedente.

El actor sostuvo que prestó servicios como Gerente de Administración y Finanzas para la empresa demandada, desde el 13 de enero del año 2020 hasta el 17 de mayo del 2022, fecha en que le comunicaron por escrito la decisión de desvincularlo, invocando para ello la causal contenida en el artículo 161, inciso segundo, del Código del Trabajo, esto es, por desahucio del empleador.

Añade que la misiva no estableció ningún hecho o hipótesis que configurara la causal invocada, motivo por el cual estima que el despido es improcedente, ya que su cargo no le otorgaba la facultad de representar al empleador, requisito indispensable para la concurrencia del desahucio, lo que explica enunciando la descripción completa de sus funciones, no existiendo dentro de sus obligaciones ninguna de la cual pudiera desprenderse la representación de su ex empleador, como pagar a proveedores, o representar judicial o extrajudicialmente a la empresa; por lo tanto, solicita que el despido sea declarado improcedente y que la empresa pague el incremento respectivo.