Órganos fiscalizadores están facultados para exigir que empresas eléctricas devuelvan sumas que hayan percibido con infracción a exigencias relativas a la protección de los consumidores.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictó una decisión prejudicial, en la que dictaminó que las entidades fiscalizadoras de las Estados miembros están facultadas para imponer sanciones a las compañías que transgredan la normativa nacional, al tenor de la legislación europea.

Según los hechos del caso, la autoridad energética italiana impuso una multa de $655.000 euros a una compañía distribuidora de electricidad, por incumplir la normativa tarifaria. En la especie, la empresa impuso a sus clientes el pago una retribución en virtud de una cláusula de condiciones generales, en la cual los gastos de gestión administrativa no estaban incluidos en las tarifas fijadas para el suministro de energía, sino que el proveedor podía facturar al cliente, por tal concepto, una retribución que no excediera de 5 euros.

Así, la autoridad constató que la definición que efectuó la empresa de dicha retribución en las referidas condiciones generales era ilegal por cuanto no figuraba ninguna indicación de la misma en la ficha de comparabilidad, que permite comparar las diferentes ofertas comerciales en el mercado, ni en el sistema de búsqueda de ofertas. Por ello, además de la multa ordenó a la compañía que reembolsara a los clientes la cantidad de $ 13.987.495,22 euros que les había cobrado en concepto de gastos de gestión administrativa.