No resulta procedente que en ejercicio de sus funciones en materia de salud la Municipalidad de Santiago otorgue prestaciones que exceden de aquellas propias de la atención primaria.

La Contraloría General de la República (I Regional Metropolitana de Santiago), se pronunció sobre la compraventa celebrada por la Municipalidad de Santiago –representada por su Alcaldesa, Irací Hassler- y la SpA San Valentino, para adquirir el municipio capitalino dos inmuebles ubicados en las calles Sierra Bella y Venture Lavalle, que conforman la “Ex Clínica Sierra Bella”. La intención del municipio era habilitar la primera clínica municipal del país.

Dada la notoriedad pública que alcanzó la celebración del referido contrato por el precio excesivo que pagaría la entidad edilicia por la compraventa ($8.200.000.000-.), como por los cuestionamientos sobre la conveniencia de la operación, se presentaron ante la Contraloría una serie de denuncias (de Concejalas y Concejales, Diputadas y Diputados), que reprocharon a la Municipalidad de Santiago faltas a la probidad administrativa, mal uso de sus recursos municipales, omisión de ciertos antecedentes al Concejo Municipal e incumplimiento de normas presupuestarias durante el perfeccionamiento de la compraventa.

Los denunciantes recriminaron que el municipio compraría dos inmuebles que fueron adquiridos hace unos meses por SpA San Valentino en un valor notablemente inferior ($2.000.000.000-.), que no se habrían entregado todos los antecedentes necesarios al Concejo Municipal –órgano encargado de autorizar este tipo de contratos-, que existirían yerros en las tasaciones realizadas por los tres peritos contratados por el municipio para avaluar la Ex Clínica Sierra Bella, que se infringieron las órdenes de abstención impartidas por la Contraloría a la Municipalidad con el objeto de no interferir en esta investigación y una contravención al artículo 14 de la Ley 20.128 (sobre Responsabilidad Fiscal), disposición que establece la autorización que deben solicitar los órganos de la Administración en los supuestos de adquirir bienes a plazo.