El requirente alega que las normas legales objetadas infringen la igualdad ante la ley, el derecho a un racional y justo procedimiento, el derecho de propiedad y el principio de seguridad jurídica, desde que permite que el acreedor genere unilateralmente y sin la intervención del demandado títulos ejecutivos respecto de obligaciones que no existen, adicionando, intereses desproporcionados.
Debió considerar otros datos recabados en el estudio de título (oferta exorbitante de la vendedora en comparación al precio pagado con anterioridad). La Contraloría detectó errores en las tasaciones y concluye que el municipio infringió la instrucción que le impartió de no intentar concretar la compraventa.
Existe una política pública ministerial por lo que la entidad edilicia deberá adoptar las medidas que resulten pertinentes para que sus actuaciones se ajusten a derecho. No corresponde destinar recursos municipales en el desarrollo de labores ajenas a las que la ley le autoriza ejecutar.
El municipio de Santiago buscaba el cobro de derechos de publicidad, y el certificado invocado sólo refería una cifra adeudada, sin relacionar este monto a la obligación correlativa que se acusaba como incumplida; por lo tanto, el título carecía de ejecutividad.
Si bien la alcaldesa Irací Hassler, remarcó que revisarán los antecedentes, afirmó que lo más importante para ellos es «que no vamos a dejar de trabajar en la recuperación de espacios públicos».
Denuncia por deficiencias en infraestructura originó una fiscalización y multa para el establecimiento por incumplimiento de la normativa educacional, la que fue confirmada en las instancias judiciales.
El Tribunal determinó que la presencia masiva de aquellas personas genera un clima de inseguridad para los vecinos del sector, quienes además han tenido que soportar acumulación de basura y residuos humanos en las afueras del condominio que habitan.
La Municipalidad de Santiago solicita al Tribunal que acoja la reclamación, dejando sin efecto la decisión del SEA, para que el Comité de Ministros y el Director Ejecutivo del SEA, revisen su recurso administrativo y se pronuncien respecto de las alegaciones de fondo que realizó en contra del proyecto de Metro.
No se advierte vicio de ilegalidad que justifique la devolución de lo pagado por contribución de patente comercial, máxime si se tiene presente que ha sido la reclamante quien pagó –sin objetar- las cuotas comprendidas entre julio de 2018 y enero de 2020 que ahora desconoce.
Añade que la facultad de condonar pretensiones como la del recurrente corresponde al Tesorero General de la República.
El Tribuna de alzada descartó error en la sentencia que rechazó la acción.
