Los comisionados terminaron su labor. En menos tiempo de lo presupuestado, despacharon los trece capítulos que conforman la propuesta constitucional de la Comisión Experta. Ahora les toca a los consejeros. El nuevo órgano se instalará el próximo 7 de junio con un acuerdo transversal y pocas materias que han quedado en el aire. Sin embargo, asumirán en medio de controversias y errores no forzados.
Esto y más en la nueva edición del Boletín Constitucional.
Tras 85 días, la Comisión Experta puso punto final a la discusión del anteproyecto. Una propuesta que, en palabras de su propia presidenta, “no es el soñado para ninguno de nosotros, pero sí uno bajo la que todos sentimos que podemos convivir”. Ambos sectores tuvieron que ceder en sus pretensiones, pero el resultado fue un acuerdo transversal que se ratificó en los plenos de la pasada y actual semana.
Los comisionados, en vista de los tiempos acotados, tomaron la decisión de sesionar el pasado sábado, donde continuaron con la discusión en particular del sexto capítulo: Gobierno y Administración Regional y Local. Durante el pleno, los expertos visaron normas como realizar las elecciones municipales en conjunto con las presidenciales a contar del 2029 para, así, evitar el “síndrome del pato cojo”: gobiernos que quedan desvalidos frente a los municipios a mitad de su mandato.
La nominación de las alcaldías en Gobiernos Locales, la “integración armónica y el desarrollo sostenible del país” de forma incremental, el reconocimiento de la “heterogeneidad” territorial, la creación consejos de gobernadores y de ediles para la coordinación de acciones y el pronunciamiento de la Corte Constitucional para dirimir disputas entre el Gobierno central, regional, o comunal fueron algunas de las otras medidas visadas por los expertos en la jornada.
Luego, en una sesión maratónica del día lunes, los comisionados votaron las enmiendas de los tres siguientes capítulos, todos relacionados al área de la justicia: Poder Judicial, Corte Constitucional y Ministerio Público. Esta vez, la deliberación fue un poco más tensa de lo sucedido en las sesiones previas.
Ejemplo de ello son las enmiendas introducidas al acápite sobre el Poder Judicial: todas fueron aprobadas, pero también todas recibieron el voto en contra o la abstención del comisionado Flavio Quezada (PS). Es la primera vez que algo así sucedía. Sus argumentos eran que las normas eran “técnicamente toscas” y porque es un “capítulo desequilibrado y conservador”.
La postura del comisionado causó la molestia en privado de la oposición y el oficialismo y también en público. El experto Juan José Ossa (RN) pidió que sus palabras -aludiendo al calificativo turbio- fueran eliminadas del acta. Muchos de ellos se enteraron en mitad del pleno de la disconformidad del experto Quezada con los contenidos del capítulo.
La gran innovación del acápite es la nueva “gobernanza judicial”. Actualmente, la realización de labores no jurisdiccionales, como la formación o el nombramiento de jueces, recae en las cortes. Sin embargo, el anteproyecto introduce cuatro organismos encargados de funciones específicas: nombramientos, facultades disciplinarias, formación y gestión y administración. Asimismo, existirá un Consejo Coordinador del Poder Judicial encargado de coordinar a estos organismos.
Pero las diferencias también estuvieron presentes durante la discusión del octavo capítulo: la Corte Constitucional, el órgano encargado de reemplazar al actual Tribunal Constitucional. Si bien se registraron algunas abstenciones en las votaciones sobre las normas relacionadas a las atribuciones de la nueva corte, la mayor diferencia se reflejó con la votación del controversial control preventivo.
Actualmente, el Tribunal Constitucional cuenta con este mecanismo para analizar e impugnar leyes aún no promulgadas que sean contrarias a la actual Carta Magna. En la práctica, para algunos el mecanismo ha hecho que el tribunal sea una tercera cámara, necesaria o no según quien la mire.
La oposición intentó reponer durante la sesión una enmienda para consagrar el control preventivo, pero que no logró ser aprobada. La indicación recibió 12 votos a favor de la derecha y 12 votos en contra de la izquierda. La Comisión Experta sí aprobó, sin embargo una facultad no vinculante para informar vicios de constitucionalidad de fondo, tal como lo hace actualmente la Corte Suprema.
El pleno, sin embargo, tuvo una discusión un poco más amistosa con el último capítulo despachado aquella jornada: el Ministerio Público. Los comisionados aprobaron todas las indicaciones presentadas, y se consagró la facultad para crear fiscalías supraterritoriales, la creación de un Servicio de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctima, y la conformación de un Consejo Consultivo del Ministerio Público.
Y finalmente, el día martes la Comisión terminó de revisar los cinco capítulos faltantes: Justicia Electoral y Servicio Electoral; Contraloría General de la República; Banco Central; Protección del Medioambiente, Sostenibilidad y Desarrollo y Procedimientos de Cambio Constitucional, este último tal vez una de las más grandes innovaciones presentes en el anteproyecto, y que no ha estado presente en las constituciones anteriores.
Si bien existió el consenso de consagrar estos mecanismos, el oficialismo y la oposición tenían ideas muy diferentes de cómo hacerlo. Tras largas deliberaciones, los comisionados lograron acercar posiciones y llegar a un punto medio, donde para iniciar un reemplazo constitucional se necesitará una propuesta presidencial que cuente con el acuerdo de los 2/3 de ambas cámaras del parlamento.
Otras de las innovaciones aprobadas durante la jornada es la incorporación de un capítulo sobre medio ambiente. El acápite fue ampliamente criticado por sus escuetas normas aprobadas en su votación en general en el pasado abril. Así, los comisionados aprobaron casi la totalidad de las enmiendas ingresadas. Solo una indicación fue rechazada con 12 votos a favor, 6 en contra y 6 abstenciones: el “deber del Estado dar especial protección a los animales”.
¿Adelantamiento de elecciones?
La satisfacción entre los expertos antes y después de la aprobación de los contenidos del anteproyecto es evidente. Porque si bien existen reparos de uno y otro lado, también es motivo de orgullo la transversalidad de los acuerdos alcanzados. Ya lo mencionaba, por ejemplo, la comisionada Bettina Horst (cupo UDI), quien mencionó que, pese a ser un texto imperfecto y poseer “luces y sombras”, el anteproyecto también, a su juicio, “establece las bases para no afectar la capacidad de desarrollo del país”.
Juicio similar es el del comisionado Gabriel Osorio (cupo PS). El experto comentó que este es un acuerdo político amplio donde todas las partes tuvieron que ceder. Existe, para el abogado, un equilibrio, pero muy frágil, y que el Consejo Constitucional tendrá que tener el cuidado y la responsabilidad de, primero, comprender lo difícil que fue construir este texto y, segundo, trabajar en base a él.
No es entonces sorpresa para nadie que la jornada del día martes haya finalizado con felicitaciones de lado y lado, abrazos entre los comisionados e incluso algunas lágrimas derramadas de la emoción. El mismo comisionado Osorio terminó entonando a cappella el himno nacional. La emoción era evidente.
De todas formas, los expertos han llamado a la cordura. Para muchos este es solo el primer paso, que debe ser complementado con las labores que realizará desde el próximo 7 de junio el Consejo Constitucional. Sin embargo, ya hay quienes han dado el visto bueno al anteproyecto de los expertos.
Uno de ellos es el ex-vicepresidente de la Convención Constitucional Gaspar Domínguez. De ser sometido a votación, el médico sostuvo que aprobaría el texto, pues representa un avance en materias como la consagración del Estado Social y Democrático de Derecho, recursos de protección o el debilitamiento del control preventivo del TC. Aunque sí explicó que el Consejo tendrá la ventaja de tener un proceso que fracasó anteriormente y del cual se pueden sacar aprendizajes.
Pero también hubo quienes derechamente propusieron que el anteproyecto de los expertos sea la nueva constitución de la república. Un puñado de diputados socialistas anunciaron, aquel mismo martes, que ingresarían una reforma constitucional para adelantar la realización del plebiscito de salida del actual proceso para el 24 de septiembre y modificar la pregunta de la papeleta: en vez de aprobar o rechazar el proyecto de nueva constitución, los electores podrán decidir entre quedarse con la constitución vigente, el anteproyecto de la Comisión Experta o el proyecto del Consejo Constitucional.
La idea no cayó nada de bien dentro de la directiva del PS. Su presidenta, Paulina Vodanovic, expresó su molestia con la iniciativa de los parlamentarios. Pero la cosa no quedó en un pequeño cruce de palabras. Uno de sus impulsores, el diputado Jaime Naranjo (PS), emplazó a la timonel socialista, recordando que “ha dicho que a diferencia del Partido Republicano en el Partido Socialista no existe la censura. Cada dirigente o militante puede expresar libremente su posición”.
La situación derivó en un escenario complejo y tenso entre la directiva y la bancada de parlamentarios que aún está por verse su conclusión. Sin embargo, ya uno de sus impulsores, el diputado Tomás de Rementería, decidió retirar su firma del proyecto al no encontrar “consenso con la oposición”.
La decadencia del PPD y la reunión de fuerzas progresistas
Este no ha sido el único problema que enfrentaron durante la semana las huestes oficialistas. Los remezones de las elecciones del 7M aún siguen repercutiendo entre sus filas. El triunfo de los republicanos y el auge, tanto aquí como en el extranjero, de la ultraderecha ha tenido nerviosa a la coalición de gobierno y las fuerzas de izquierda.
Pero eso no es todo. Tras los acuerdos suscitados dentro de la Comisión Experta, la posibilidad de que se comience a implementar un umbral del 5% para acceder a escaños parlamentarios es ya casi una realidad difícil de solventar para algunos partidos del bloque.
Ante esta situación, figuras de la izquierda han planteado generar una gran coalición entre partidos que reúna fuerzas de izquierda y progresistas. Esta idea ya la han confirmado distintas voces, como los secretarios generales del PS y del PC; Camilo Escalona y Lautaro Carmona, y el senador RD, Juan Ignacio Latorre. E incluso se prevé que en el pleno del Comité Central del PS, calendarizado para el próximo 17 de junio, se proponga formalmente la constitución de una alianza electoral que incluya a actores, hasta ahora, relegados.
Uno de ellos es la Democracia Cristiana, un partido en principio reticente a la idea, pero que con el paso de las semanas ha mostrado estar abierto a concretar este tipo de pactos. El senador de la tienda, Francisco Huenchumilla, afirmó que es necesario gestionar una alianza electoral. Sin embargo, estableció que una cosa muy diferente y mucho más compleja es concretar una alianza política.
Pero también hay partidos que han reafirmado su compromiso con el gobierno, como lo ha hecho públicamente la presidenta del PPD, Natalia Piergentili. Incluso aceptó que fue un error ir en listas separadas en las pasadas elecciones. El partido sigue en una posición incómoda en la coalición, luego de las desafortunadas declaraciones de la timonel y las controversiales réplicas de la vicepresidenta Paz Sárez a los reproches de la ministra del interior y militante de la colectividad Carolina Tohá.
El tema siguió inundando las páginas de los medios, y una serie de analistas políticos han examinado el castigo. Para algunos no ha sido casualidad que el tribunal de la colectividad haya dado esa “señal”: junto con su resolución se había estado discutiendo en el seno de la Comisión experta artículos para el fortalecimiento de los partidos políticos.
Algunos especialistas han mostrado estar de acuerdo en fortalecer este tipo de atribuciones dentro de las colectividades, para ejercer mayor disciplina y evitar la fragmentación política. Otros, en cambio, han insistido en que es contraproducente someter los liderazgos dentro de los partidos. En esta línea, para algunos expertos electorales las señales dentro del PPD son los ejemplos de su propia decadencia, pese a contar aún con liderazgos.
Estas dificultades las gráfica no solo los pobres resultados, sino también sus acciones políticas, como fue la salida de la presidente Natalia Piergentili del grupo de WhatsApp que compartía con integrantes del Socialismo Democrático, donde estaban las máximas autoridades del Partido Socialista, Liberal y Radical.
La decisión de la timonel PPD se debería a la filtración del ya icónico “monos peludos”, sumado a una polémica comparación que días después hizo, a través de la misma red social, con las controversias comunicacionales de la ex ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola.
De miras a la instalación del Consejo
Lo que pasará con el PPD estará por verse. Pero mientras tanto, una de sus principales figuras volvió a insistir en la importancia de “pasar el test” con la nueva constitución: el expresidente Ricardo Lagos, quien complementó que no puede volver a fallar este proceso constituyente y, para lograrlo, se requiere de fijar tareas específicas para los consejeros.
A diferencia de lo sucedido con la Convención, en este proceso los partidos se han involucrado con sus consejeros electos precisamente para, entre otras cosas, asegurar una mejor realización.
Es por eso que en el oficialismo barajan la idea de generar una mesa directiva para establecer los lineamientos y las estrategias para sobrellevar el Consejo Constitucional donde son minoría. Se planea trabajar periódicamente incluso con los partidos que no obtuvieron representación alguna para que estos puedan expresar sus puntos de vista y temas importantes a abordar en el Consejo Constitucional.
Pero el diálogo no está solo dentro de las coaliciones. Con la responsabilidad de ser el partido con mayor representación dentro del Consejo, se han estado gestionando reuniones entre el Partido Repúblicano y sectores del oficialismo. Más precisamente, los timoneles del PS y de la colectividad de derecha, Paulina Vodanovic y Arturo Squella, además de la Secretaria General del Partido Republicano Ruth Hurtado, conversaron en privado en un café sobre el nuevo proceso constitucional en una reunión el pasado jueves 18 de mayo.
El presidente de la tienda republicana busca reforzar el diseño de la colectividad para enfrentar el proceso constituyente. La cita, según quienes conocieron de ella, duró alrededor de una hora. El mensaje que transmitieron los republicanos buscó dar “garantías” de su disposición a que el nuevo proceso constitucional funcione.
Además, la idea del encuentro fue tener una “coordinación previa”, para enfocarse en aquellas materias que los unan, más que las que generan diferencias. Los republicanos quieren reforzar la idea de que no quieren “pasar máquina”. Pero Squella no solo ha hablado con Vodanovic. También lo ha hecho, según afirman en el partido, con otros personeros del oficialismo como, por ejemplo, del PPD y la DC.
¿Dictador o “estadista”?: Los polémicos dichos de Silva
Pero las buenas intenciones de la directiva republicana no han sido suficiente. El partido no ha podido poner punto final a los cuestionamientos del oficialismo y parte de la oposición. En parte, por los mismos dichos de Arturo Squella, quien aseguró que el texto redactado por la Comisión Experta “no lo entusiasma”. Y, en el caso de tener que elegir, el exdiputado se quedaría con la actual Constitución.
No solo en el oficialismo sus palabras provocaron rechazó, sino que incluso en Chile Vamos no concordaron con las palabras del timonel. La centroderecha endureció el tono, e instó al partido a no perder la oportunidad que tiene al ser mayoría en el Consejo Constitucional, a mantener el diálogo y la calma frente al anteproyecto, dado que recién es una propuesta la presentada por la Comisión Experta.
Los partidos de Chile Vamos han mantenido su distancia con el Partido Republicano, algo que ciertos expertos políticos han considerado de suma importancia. En parte, para no mimetizarse hacia el partido y tener una posición bisagra dentro del consejo para consensuar acuerdo. Y también porque los republicanos no han hecho las cosas sencillas para acercar posiciones.
Otra de las controversias del partido fueron las polémicas declaraciones del consejero Luís Silva, quien reconoció admiración por Pinochet y lo calificó de estadista. De hecho, durante su intervención nunca calificó como “dictadura” al régimen. Los dichos del “profesor” se emitieron la misma semana en que un estudio de opinión alertó sobre un incremento de la población que afirmó que las FFAA “tenían razón para dar el golpe de Estado”.
Las réplicas no tardaron en llegar, incluso desde su mismo partido. El senador Rojo Edwards se desmarcó de los dichos de Silva, y sostuvo que Pinochet sí fue un dictador. La declaración del parlamentario, tal como un efecto dominó, provocaron la reacción del también senador Iván Moreira (UDI), quien lo puso en duda. En una publicación en Twitter, el gremialista además complementó que “(Pinochet) fue estadista y visionario al hacer de Chile una gran nación en 3 décadas y salvar a Chile del comunismo nacido”.
También hubo quienes criticaron el timing de las declaraciones de Silva. El abogado Gonzalo Cordero, militante UDI, miembro del directorio de TVN y del Consejo de Libertad y Desarrollo, manifestó que a Luis Silva le hace falta realizar la transición de profesor a político. Asimismo, consideró que el consejero republicano se involucró en un tema del pasado y que genera siempre división.
Pero también desde el oficialismo y el gobierno llegaron reacciones. “Nos preocupa que aún exista negacionismo”, fueron las palabras de la ministra de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Camilla Vallejo, sobre la polémica. Y no solo eso, el mismo presidente Gabriel Boric respondió, mediante Twitter, que “Augusto Pinochet fue un dictador, esencialmente anti demócrata, cuyo gobierno mató, torturó, exilió e hizo desaparecer a quienes pensaban distinto. Fue también corrupto y ladrón. Cobarde hasta el final, hizo todo lo que estuvo a su alcance por evadir la justicia. Estadista jamás”.
El mandatario incluso tocó el tema indirectamente durante la cuenta pública del día jueves, donde expresó que “los 50 años del Golpe de Estado son una ocasión propicia para que reafirmemos que ninguna diferencia entre nosotros nos llevará a descuidar y dejar de defender la democracia y los Derechos Humanos».
Los otros dolores de cabeza de los republicanos
Estas no han sido las únicas controversias que el Partido Republicano vivió durante los últimos días. También en el frente del Consejo han habido problemas. El partido esta semana anunció que la consejera republicana, Ninoska Payauna, será la carta de la colectividad para presidir el nuevo órgano. Se decidió por tener, dicen, un perfil de clase media y cercanía con la gente.
La hoy consejera, es profesora de inglés y conocida en la Región de Tarapacá, donde fue electa, por ser locutora de un programa de radio popular. Uno de los temores dentro del partido era la correlación con la figura de Loncón y sus tintes regionalistas. Es por eso que en su discurso pronunció: “soy aymara pero antes que todo soy chilena”.
No obstante, el mismo día se supo que Payauna enfrentó a la justicia en el 2007, luego de haber robado un sweater marca Index de color negro, avaluada en $9.990 pesos. La causa de “hurto” fue, sin embargo, concluida tras la aplicación del principio de oportunidad por parte del Ministerio Público. Desde el partido Republicano dijeron que están al tanto de la situación y que la consejera reconoció su error.
La otra controversia que aún golpea al partido es la situación del candidato republicano Aldo Sanhueza, que pesentó su renuncia a la colectividad y al Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) para no ejercer el cargo, luego de la polemica en la cual se ha visto envuelto debido a una acusación de abuso sexual. El timonel republicano aseguró que la salida del consejero se debe a que fue para no generar ruido dentro del desarrollo del Consejo Constitucional. Además, volvió a insistir en que la colectividad no tenía conocimiento sobre las acusaciones.
Sea como sea, el Tribunal Calificador de Elecciones declaró inadmisible la renuncia del consejero electo. El Tricel decidió no pronunciarse al respecto y examinó la situación, ya que Sanhueza aún no se encuentra ejerciendo el cargo. Solo una vez que asuma podría, en teoría, presentar su renuncia.
Las definiciones republicanas en el Consejo
Pero no todo ha sido dolor de cabeza para el partido de José Antonio Kast. En la bancada republicana ya comienzan a delinear sus acciones y las misiones que tendrán sus consejeras y consejeros en vista de mejoras los planteamientos del anteproyecto. En este contexto, se realizó por ejemplo una reunión entre Luis Silva y Carlos Frontaura.
El comisionado no solo es pieza clave en los lineamientos que han estado trabajando dentro del partido, sino que incluso el gobierno y los partidos oficialistas han estado detrás de sus pasos. Muchos dicen que la forma en la que actuó y votó en la comisión será similar a lo que se presenciará dentro del Consejo.
En esta línea, Luís Silva expresó que sería interesante revisar ciertos derechos sociales. Uno de ellos es el de la salud, el cual no quedó zanjado por la Comisión Experta. En cuanto al Poder Judicial, el “profesor” declaró que el rol de este, en conjunto de su relación con el Tribunal Constitucional y la Contraloría, será interesante analizar.
Otro consejero del partido, Antonio Barchiesi, sostuvo en todo caso que el proceso constituyente no es mera responsabilidad de su colectividad, pero sí “nos jugamos mostrar lo que somos”. El éxito o el fracaso es compartido con las otras fuerzas políticas, según Barchiesi. Lo anterior, dado que no existe una mayoría absoluta.
Sin embargo, “construir puentes con todos los sectores, con Chile Vamos y también con la izquierda” es algo que espera llegar a lograr dentro del órgano redactor que recibirá el anteproyecto.
El requerimiento contra Nancy Yáñez
El mismo Barchiesi ha estado involucrado en una disputa legal que nació en el seno de la Comisión Experta. Junto al abogado Ronald von der Weth, ingresó una recusación contra la presidenta del Tribunal Constitucional, Nancy Yáñez, para que se inhabilite en la discusión sobre la pertinencia de declarar inconstitucional -o no- a asociaciones como la CAM y otras entidades reivindicadoras de tierras Mapuche.
Las razones detrás del requerimiento están en la intervención de la magistrada -designada por el Presidente Gabriel Boric en 2022- frente a la Comisión Experta en mayo pasado, donde declaró que “me parece que el juego del pluralismo democrático da mayores garantías de convivencia política que las que ofrece la democracia protegida”.
Sin embargo, durante la sesión del pleno del TC el día martes, se rechazó la recusación por ser improcedente, pues los ministros concordaron en que no existe norma en la Ley Orgánica Constitucional del TC que permita la petición de recusación de un ministro de la corte.
Esta no fue, sin embargo, la primera causa de recusación presentada por los requirentes. Ya había sido rechazada una anterior sobre su voto en contra de la admisibilidad, junto al ministro Pica, de un requerimiento para declarar inconstitucional a la CAM y otras organizaciones del sector. También fue declarada improcedente.
Ojo con las asignaciones para los consejeros y las encuestas
Sea como sea, los consejeros ya tienen sus ojos puestos en la instalación del Consejo. El próximo 7 de junio se realizará la ceremonia que no contará con la presencia de ninguna autoridad, al menos hasta el momento. Ya se han hecho algunas gestiones para que, al menos, asista el presidente.
En tanto, el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias definió que los consejeros constitucionales contarán con 2 millones y medio de pesos para contratar asesores. Esto marca una diferencia con lo sucedido en el proceso anterior, donde los mismos convencionales definieron el gasto por concepto de asesorías, dando paso a polémicas y controversias.
Además, existirán reembolso a aquellos consejeros que declaren como residencia un hogar fuera de la RM, pero con topes por región. También se le entregarán 70 mil pesos para alojamientos, y cada consejero recibirá 38 mil pesos por sesión asistida.
Ojo también con la instalación de los expertos
Quienes sí estarán presentes en el Consejo serán los comisionados, quienes, si bien ya terminaron su labor más importante, seguirán contando con voz dentro de las sesiones del órgano, pero no voto. Y, de hecho, tendrán que realizar observaciones al texto que emane del consejo, las cuales tendrán que ser aprobadas con el 3/5 de los votos o rechazadas con un quórum de 2/3.
De no conseguir ninguno de las votaciones, las observaciones de los expertos pasarán a una comisión mixta, compuesta por comisionados y consejeros, donde tendrán que solventar las diferencias.
Pese a los esfuerzos por legitimar el proceso, y la tarea realizada por los expertos, aún existe mucha especulación y suspicacia en la opinión pública. Según la nueva encuesta Cadem un 46% votaría en contra de la Nueva Constitución, 10 puntos más que hace dos semanas. Y, de hecho, la intención de aprobar disminuyó en un 6 puntos porcentuales, cayendo hasta el 34%.