La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó un informe sobre la presunta responsabilidad de Cuba en la muerte de los destacados opositores Oswaldo Payá y Harold Cepero. Señaló que existen “indicios serios y suficientes” para creer que sus muertes fueron planificadas y ejecutadas por agentes del régimen.
Sus decesos se produjeron en 2012 a causa de un accidente de tránsito, cuando el automóvil en que viajaban, conducido por el político español Ángel Carromero, fue impactado por otro móvil. Posteriormente las autoridades cubanas se apresuraron a procesar y condenar a Carromero para atribuirle toda la responsabilidad por el accidente. Sin embargo, las familias de los opositores dudaron de esta versión, por lo que presentaron un requerimiento a la CIDH para esclarecer los hechos.
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Las dudas se profundizaron a raíz del hermetismo del caso, pues ni las investigaciones ni los informes de autopsia se hicieron públicos, y las autoridades cubanas adoptaron inmediatamente una posición oficial, incluso antes de realizar diligencias. En virtud de estos antecedentes la CIDH dictaminó que el Estado vulneró los derechos a la justicia y de petición de los familiares de las victimas
Por estos hechos instó al régimen a cumplir con una serie de recomendaciones, entre las que destacan: “la reparación material e inmaterial de las víctimas y familiares; iniciar una investigación diligente, efectiva y dentro de un plazo razonable para esclarecer los hechos, identificar responsables, e imponer las sanciones que correspondan, así como medidas para evitar la repetición de los hechos y generar condiciones de retorno voluntario para las personas que fueron forzadas a reconstruir sus proyectos de vida en otros lugares como consecuencia de los hechos”.
“Se identificaron indicios serios y suficientes para concluir que agentes estatales participaron en las muertes de Payá y Cepero. En particular, se tomó en cuenta el testimonio de Ángel Carromero, que indica que el automóvil en el que viajaban había sido impactado por un auto oficial, lo cual fue corroborado por un testigo ocular. El Estado no presentó alegatos o negó estos argumentos. En consecuencia, se estableció que el Estado cubano violó los derechos a la vida, honra y libertad de expresión de ambas personas”, señaló la CIDH en un comunicado de prensa.