Los hechos descritos sugieren que la situación de riesgo es susceptible de continuar y exacerbarse con el tiempo, atendiendo a la naturaleza de los hechos alegados en el contexto en el que se insertan, de tal forma que resulta necesario adoptar medidas para salvaguardar sus derechos a la vida e integridad personal de manera inmediata.
Los hostigamientos y amenazas dirigidas a las integrantes de las Damas de Blanco se han prolongado en el tiempo, siendo las autoridades las principales responsables. La continuidad de dicha situación puede dar lugar a afectaciones de mayor gravedad.
Se solicita a Cuba proteger los derechos a la vida e integridad personal del detenido, y garantizar que las condiciones de su cautiverio sean compatibles con los estándares internacionales de protección de los derechos humanos.
La Comisión y sus Relatorías llaman al Estado de Cuba a cesar la represión contra sus ciudadanas y a garantizar el debido proceso y el trato digno a quienes se encuentran detenidos.
La resolución impugnada carece de fundamento, toda vez que, no alude a los elementos reunidos en el proceso para descartar su mérito.
El 11 de julio, miles de personas salieron a las calles en Cuba para protestar pacíficamente por la economía, la escasez de medicamentos, la respuesta a COVID-19 y las duras restricciones a la libertad de expresión y de reunión.
Aplica el “Principio de No Devolución”, que prohíbe al Estado expulsar o disponer cualquier medida que tenga por resultado la devolución del extranjero a su país de origen o a otro cualquiera luego de que se hubiere solicitado la condición de refugiado.
La cuestión reside en el reconocimiento de la libertad bajo palabra (o juramento), otorgada en la frontera por el inmigrante, como una tarjeta de libertad condicional o “parole”. De ser así, se abre un camino hacia la “green card” para decenas de miles de inmigrantes.
