Gobierno debe diseñar e implementar un programa social con enfoque interseccional para ayudar a mujeres vulnerables que se vieron afectadas por la pandemia.

La Corte Constitucional de Colombia acogió la acción de tutela deducida por un grupo de mujeres vulnerables que no calificaron para ser beneficiarias de un programa de ayuda social implementado durante la pandemia. Si bien se configuró la carencia actual de objeto, instó al gobierno a implementar un nuevo programa social enfocado en esta población.

Un grupo de mujeres (jefas de hogar) presentó una acción de tutela contra el gobierno y algunas entidades públicas para que se ampararan sus derechos a la vida digna, al mínimo vital, a la salud, a la seguridad alimentaria, la vivienda y a la igualdad. Señalaron que a pesar de su vulnerabilidad socioeconómica no fueron incluidas en el Programa de Ingreso Solidario (PIS).

En su presentación refirieron que su situación se agravó a raíz de la pandemia, pues perdieron fuentes de ingreso estables por ser trabajadoras domésticas y/o vendedoras informales que han debido hacerse cargo de sus hogares y familiares dependientes, sin perjuicio de que la situación de cada una de las accionantes tiene sus propias particularidades. También alegaron falta de información y transparencia en los procesos de postulación a los programas sociales.