Los consejeros recibieron esta semana, en el marco de las audiencias públicas, a académicos, expertos e integrantes de la sociedad civil para discutir los elementos de la nueva constitución, pero con los ojos bien puestos en la redacción de las enmiendas. El plazo final se acerca, y las líneas rojas del oficialismo y la oposición ya comienzan a inquietar a más de alguno.

Todo esto y más en una nueva edición del Boletín Constitucional.

 

Poco a poco, los consejeros han comenzado a sincerar posiciones en busca de entendimientos, pues, en las próximas semanas, comenzarán a definir cuáles serán las enmiendas que presentarán para modificar el anteproyecto antes del 17 de julio, fecha en que vence el plazo. Y si bien el ambiente no se ha enrarecido, sí existen recelos de un lado hacia el otro.

En el oficialismo aún hay detalles que afinar, pero al menos ya existe el consenso de qué batallas, por nada en el mundo, se dejarán de pelear. A grandes rasgos, las fuerzas de izquierda defenderán el anteproyecto de la Comisión Experta como un punto de inicio del cual no se puede retroceder. Y, entonces, esas “líneas rojas” van desde la necesidad de consagrar la paridad, hasta la no “constitucionalización de las Isapres”, pasando también por los mecanismos de participación ciudadana y la descentralización.

El consejero de Revolución Democrática, Julio Ñanco, así lo ha expresado, y ha defendido entregar mayor poder a las regiones y municipalidades. De hecho, sostuvo que en el actual proceso “hay espacio para avanzar en una mayor profundización de lo que implica el principio de descentralización”. Pero también, lanzó una advertencia: “si continuamos sin encontrar soluciones de consenso, podríamos avanzar directamente a una situación de populismo, […] y muchos miramos con preocupación que eso nos lleve a regímenes populistas autoritarios”.

Y es que desde el oficialismo se ha visto con preocupación algunas de las normas que los consejeros republicanos han comenzado a trabajar, y también algunas de sus posiciones. Algunos de ellos han intentado dar garantías y recuperar las confianzas. Sin ir más lejos, el consejero Sebastián Figueroa sostuvo que van a poner todo de su parte “para lograr acuerdos que permitan aprobar un texto a final de año”, y el vocero Antonio Barchiesi declaró que la colectividad viene desde el inicio del proceso reafirmando su “compromiso con que sea exitoso”.

Pero también, ambos consejeros han sido enfáticos en señalar que el anteproyecto es un punto de partida y que necesita ser mejorado o, como sostuvo Barchiesi, “necesita sintonizar con la ciudadanía, con las líneas rojas de los chilenos”. Sin embargo, las propuestas concretas han sido tratadas con recaudo para no generar controversias antes de sus discusiones. Pero ya se han develado algunas posiciones o, al menos, incipientes ideas de la colectividad.

Muchas de ellas toman lugar dentro de la “sala de máquinas”, donde el Partido Republicano cuenta con cinco de los doce integrantes. Y ahí, su principal preocupación es el funcionamiento del sistema electoral. En la colectividad existe el diagnóstico compartido de que el cambio del sistema binominal al proporcional provocó la dispersión política de hoy. Y ya hay algunas medidas que se buscan impulsar.

Una de ellas es el redistritaje, o la reducción de los escaños por distritos en las elecciones y, así, la reducción también de la cantidad de diputados. Sin embargo, el oficialismo no estaría dispuesto a apoyar una medida como esta. Según argumentan desde el sector, la medida sub-representa a los distritos grandes y sobre-representa a los pequeños, provocando que, en la práctica, la medida beneficie a la derecha.

Por otro lado, los consejeros republicanos tampoco se han cerrado a la idea de re-impulsar el sistema binominal, aunque en la práctica ven difícil consagrarlo. Lo mismo sucede con las listas cerradas que impulsó en su minuto los comisionados del oficialismo: si bien no han tomado definiciones al respecto, aún no han logrado un convencimiento. Lo que sí parece un hecho es que los consejeros apoyarán la implementación del umbral del 5% para poder alcanzar escaños en la cámara.

Pero los problemas dentro del partido están lejos de estar radicados en la comisión de sistema político, o incluso dentro del ex-Congreso. La gran problemática con la que la colectividad tiene que lidiar son las incipientes voces republicanas que han comenzado a criticar el anteproyecto y han sugerido la posibilidad de llamar a rechazar.

El mismo José Antonio Kast, fundador y ex-abanderado presidencial por el partido, tuvo que salir a defender el proceso en un grupo de WhatsApp de la colectividad. Más específicamente, algunos de los militantes del ala más dura criticaron que, en un conversatorio en la Universidad Finis Terrae, defendiera el proceso y llamara a aprobar el anteproyecto de aprobarse ciertas modificaciones. Y la principal figura del partido tuvo una dura réplica.

Básicamente, sostuvo que no entendía cómo “alguien diga que está por rechazar un posible nuevo texto constitucional sin siquiera haber leído el texto, sin haber estudiado si más allá de su origen si es posible mejorarlo o cambiarlo”, además de negarse a “decir que todo está perdido antes de comenzar. Si fuera así nunca me habría lanzado a dos desafíos presidenciales”.

 

Elevando discusiones

Pero no solo dentro de las bancadas se han comenzado a elevar propuestas para ser discutidas dentro del Consejo. Una serie de organismos y personajes ha comenzado a pronunciarse respecto al anteproyecto, hacer sugerencias y proponer enmiendas.

Por ejemplo, esta semana estuvo marcada por la visita de una delegación de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Parlamento Europeo a Chile, encabezada por el diputado italiano del Partido Popular Europeo, Salvatore de Meo. Durante su estadía, De Meo se reunió con diversos actores políticos, como las presidentas del Consejo Constitucional y la Comisión Experta, Beatriz Hevia y Verónica Undurraga respectivamente.

El motivo de las reuniones fue abordar el actual proceso por el que atraviesa el país. Y, entre sus dichos, De Meo expresó que ha visto el proceso “de una manera compleja, pero determinada” desde Europa. Asimismo, comentó que ve que en nuestro país “hay muchas ganas de reforma” y que, en esa línea, “todo proceso reformador es muy difícil”. Sin embargo, sostuvo que la incertidumbre constitucional no dañará la imagen del país hacia el exterior, pues es de conocimiento público las dificultades que conllevan procesos como estos.

También, mencionó que Europa siempre observa con atención lo que ocurre en otros continentes, aunque destacó que “la percepción que tenemos es que Chile es de los países que tiene menos problemas en Sudamérica”. Y finalmente, respecto al Estado social y democrático de derecho y su compatibilidad con el principio de subsidiariedad, el legislador indicó que “hay que ver cómo se implementa, hay muchos modelos en que las dos cosas van perfectamente en sintonía entre ellas”.

Este punto ha sido particularmente sensible, y ha tenido una amplia discusión entre letrados y entendidos. Y es que incluso a día de hoy siguen publicándose columnas y cartas al respecto, donde hay quienes sostienen que su compatibilidad es clave para garantizar la libertad de elección.

También ex-autoridades han estado presentes estos últimos días. Nombres como el ex-ministro Nicolás Eyzaguirre, la diputada de Demócratas Ximena Rincón, o la también ex-ministra Isabel Pla, junto a otras 70 figuras, pidieron aplicar modificaciones al sistema electoral. Más precisamente, la carta propone una reforma para que exista un sistema electoral mixto del Congreso, es decir, donde una parte del órgano legislador sea escogido de forma mayoritaria y otra de manera proporcional. A esto se suma, la propuesta de que existan las listas cerradas y a nivel nacional.

Pero las discusiones sobre los contenidos constitucionales también han estado presentes en los medios. Una de ellas ha sido el error conceptual de la frase: “Chile se organiza en un estado Social y Democrático de Derecho”. Para algunos, dicha redacción transgrede las bases constitucionales, pues en ellas se leía “Chile es un Estado Social”. Pero también, hay quienes plantearon que “Chile” corresponde a una designación geográfica y, en este sentido, se propone regularizar y delimitar mejor lo consagrado, de momento, en el texto.

También, otra discusión en los medios ha sido la colegiatura obligatoria para pertenecer a ciertas asociaciones. Como era de esperar, ha sido un tema que ha levantado algo de revuelo y polémica, y que podría zanjarse dentro del Consejo.

Y otra materia que ha sido discutida es la edad máxima para ostentar ciertos cargos en instituciones públicas. En esa línea, una carta suscrita por 25 personas mayores de 75 años, y que han sido reconocidas por parte de Fundación Conecta Mayor UC como Líderes Mayores a nivel nacional, expresó su descontento con mantener esta limitante.

Los derechos indígenas también han sido un foco de deliberaciones. Y es que 20 expertos en dicho ámbito, encabezado por el primer embajador mapuche y exdirector de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, Domingo Namuncura, alistan un documento que aborda los convenios internacionales suscritos por el país y los anuncios del Estado para elevar a un debate constitucional dicha materia.

También relacionado con el derecho internacional ha sido la discusión sobre la jerarquía de los tratados internacionales de Derechos Humanos. De hecho, el debate no se ha dado solo en los medios, y ya han comenzado a tomar posiciones los mismos consejeros.

Y, finalmente, otras propuestas han comenzado a surgir tras el llamado “Caso Convenios”, pues ya se plantean algunas enmiendas para la futura Carta Magna con el objetivo de evitar que ocurran este tipo de casos o de base que se sancione el actuar, y sobre todo consagrando normas en materia de probidad.

Algunos puntos que no se han considerado, según algunos autores, es que no se establece el deber de protección por parte del Estado a personas que denuncien infracciones en la función pública. Tampoco se estarían considerando, asimismo, sanciones a personas condenadas por corrupción como con la prohibición de optar a cargos públicos, por ejemplo.

 

La semana de las Audiencias Públicas

Sin embargo, el funcionamiento del Consejo Constitucional esta semana fue inédito y marcó la celebración de un evento importante. Y es que a partir de este lunes 3 de julio, comenzaron las audiencias públicas, un ciclo que tiene como objetivo escuchar las demandas de los ciudadanos sobre diferentes materias que se consignan en el anteproyecto de la nueva Carta Magna. Y de hecho, a lo largo de la semana, las comisiones no pararon: recibieron a decenas de invitados en sus salas.

El ciclo se inauguró oficialmente pasado las 9:30 A.M del lunes, donde las comisiones de Derechos Sociales y Sistema Político dieron el puntapié inicial. En esta última, por ejemplo, se deliberó sobre la importancia de la descentralización y el desarrollo local, regional y comunitario.

Entre los asistentes, por ejemplo, se advirtió que la relación entre el delegado presidencial y el gobernador debe mejorar, y que la conformación del Consejo de Gobernadores debería incluir al Presidente de la República para formarse en una “coordinadora de multinivel”. Y, en la misma sesión, la alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes, insistió en que la justicia territorial se debe traducir en equidad de ingreso para los municipios.

En su segunda jornada, la comisión abordó el reconocimiento de los chilenos en el extranjero. La problemática es que se ha creado una comunidad que requiere de la protección del Estado en otras naciones como Argentina. Además, también se discutió sobre el reconocimiento de los pueblos indígenas. José Domingo Rojas, en representación del pueblo diaguita, argumentó que es necesario que quede consagrado en la Constitución, como también su derecho a tierras.

Y el día miércoles, los asistentes criticaron la incorporación del umbral del 5%. Si bien muchos lamentaron la fragmentación política reflejada en el congreso, también argumentaron que existen mejores opciones que no afecte a la diversidad política y la participación ciudadana. Una de ellas es la creación de un Consejo de Evaluación Legal y de Políticas Públicas, organismo que fue propuesto pero rechazado en la Comisión de Expertos.

Uno de los expositores fue el exdiputado Pedro Browne, quien argumentó que el umbral puede ser una medida demasiado exigente, y que a su parecer hay que abrir espacios para que puedan participar partidos políticos que no tengan una tradición electoral. Otros invitados, añadieron que esta medida puede ser muy sancionadora con los partidos nacientes.

También, y en materias de seguridad pública, el concejal de Olivar, Sergio Aravena, propuso ante la comisión la creación de una policía municipal debido al déficit de Carabineros. Y Claudio Salinas, en representación de la Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos, expresó que es necesario que quede consagrado en la Constitución el derecho a vivir en un ambiente seguro.

En paralelo, la Comisión de Derechos Sociales escuchó el día lunes la exposición de diversas organizaciones y representantes de comunidades, con énfasis centrados en el medioambiente. En esa línea, se procura la importancia de la educación ambiental dentro de las universidades, medidas para combatir la contaminación y además de sugerir la incorporación del derecho del humano a respirar aire puro.

Pero esas no fueron las únicas sugerencias. Y fue el día martes donde se tocó el tema tal vez más difícil de zanjar: el derecho a la salud y sus alcances. Este es un espectro amplio, ya que considera tanto los derechos sexuales, como la salud mental, y la discapacidad, temas que fueron abordados ante los consejeros y que para los expositores es necesario que se aborden en la Nueva Constitución.

En esa misma línea, el día miércoles también se discutieron otros asuntos delicados, como la educación y las pensiones. Algunos representantes de la educación superior, propusieron que quede constitucionalizada una educación pública, gratuita y de calidad. Además, se propuso fortalecer a las universidades regionales y que se consagre la educación como un derecho humano. Por parte de las pensiones, se planteó la necesidad de crear un sistema de pensiones solidario, mientras que otros argumentaron que la mejor opción es crear un sistema de fondos con colaboración público privada.

Además, el mismo miércoles se recibieron a expertos para tocar temas relacionados al acceso a la cultura y, también, al desarrollo de las ciencias.

También, la Comisión de Principios recibió a diversas organizaciones sociales el día lunes. El marco del debate se centró en la infancia, la familia, el derecho a la vida y a una vida libre de violencia de género. Sobre la protección de los niños, las organizaciones mencionaron que las normas en el anteproyecto, entregadas por la Comisión Experta, son insuficientes, y propusieron elevar la responsabilidad penal de los menores, desde los 14 años.

Por otro lado, se consagró que es importante la protección a la familia como núcleo fundamental de la sociedad. Y con respecto al derecho a la vida, diversos representantes consideraron lamentable que no se consagrara en el anteproyecto la vida del que está por nacer, otro tema delicado entre los consejeros.

Sobre la libertad de pensamiento y la religión, a la mayoría de los invitados les pareció que la norma era correcta, aunque perfectible. Y algunos celebraron que el texto establezca que se debe asegurar que Chile es un Estado laico y que garantice la libertad religiosa y la autonomía de dichas instituciones de culto.

Otro de los desafíos de la comisión son, indirectamente, el déficit de viviendas. Y, precisamente por ello, hubo una fuerte crítica al actual sistema social, donde muchas personas no pueden acceder a ellas, mucho menos dignas ni tampoco a subsidios. Por eso, también una de las propuestas fue explicitar en la nueva Constitución el derecho a la vivienda digna.

Y finalmente, en la Comisión de Función Jurisdiccional y Órganos Autónomos, se abordó el día lunes la legitimidad de los órganos autónomos y los desafíos en transparencia y objetividad en cuanto a la designación del Fiscal Nacional. Además, una de las consejeras acotó que una de sus inquietudes era la labor de la Fiscalía y la percepción que la ciudadanía tenía sobre esta. Sin embargo, los magistrados del Poder Judicial valoraron la separación de los órganos jurisdiccionales.

 

Ojo con las iniciativas Populares de Norma

Otras de las propuestas que han surgido en los últimos días son las de la propia ciudadanía. Y, de hecho, de alcanzar las diez mil firmas virtuales, obligatoriamente los consejeros tendrán que, al menos, revisarlas. Ya hay algunas que han alcanzado dicha hazaña.

La primera en lograrlo fue “Con mi Plata No”, una moción para “garantizar la propiedad, heredabilidad y el derecho a elegir que tenemos los trabajadores sobre nuestros ahorros previsionales”. Pero, junto con ella, ya hay otras 16 propuestas que han alcanzado el “número mágico”.

Algunas de ellas buscan proteger a los animales, otras quieren modernizar el Estado y perseguir fuertemente a la corrupción en su interior; también hay propuestas para resguardar a las policías y el derecho preferente de los padres en materias educacionales; y hay otras que buscan consagrar la educación pública y de calidad, el acceso al agua o símbolos patrios.

Las iniciativas, sin embargo, han sido vitoreadas y celebradas por algunos y vistas con recelo por otros. Y es que muchas de ellas han estado ligadas a posiciones de la oposición. Fue la misma Karen Araya, consejera del Partido Comunista, la que hizo un llamado a precisamente votar por las propuestas progresistas.

Sea como sea, y a momento de escribir estas líneas, aún hay 2 mociones que superan los 9.000 votos y podrían eventualmente ser discutidas por el Consejo. Se trata de la “Normativa por el Respeto y la Dignidad a los Bomberos(as) de Chile”, y “Una Constitución Política para las y los trabajadores de Chile”. Ambas propuestas tendrán plazo hasta hoy a la medianoche para alcanzar el “número mágico” de 10.000 firmas. Si lo logran o no estará por verse.