Establecer que las actuaciones que desempeñen las policías en el procedimiento penal, puedan utilizar registros audiovisuales para que sirvan como medio de prueba, es parte de los objetivos del proyecto aprobado por la Sala de la Cámara.
La moción respaldada en general en forma unánime con 123 votos a favor, busca tener más claridad, transparencia y probidad, cuando estén en juego las garantías constitucionales de las personas. A su vez, se aprobaron todas las normas de quórum y las votaciones separadas solicitadas. Con ello, el proyecto pasa al Senado.
En su tramitación, se ingresaron modificaciones del Ejecutivo que limitaron el alcance del proyecto. Por razones presupuestarias, la obligación se fija no a todos los funcionarios policiales, sino a quienes integren unidades especializadas, ya sea, en lugares públicos o de libre acceso al público.
Lo propio en casos como la detención en flagrancia, la entrada en lugares cerrados con autorización del particular o el juez, o lugares cerrados sin autorización u orden.
Dichas unidades encargadas serán propuestas por las policías, con aprobación del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Ello mediante un decreto supremo del Presidente, suscrito además, por el ministro de Hacienda.
Debate
Los informes de las comisiones de Constitución y Hacienda, estuvieron a cargo de los diputados Marcos Ilabaca y Gastón Von Mühlenbrock. Participaron del debate Daniel Lilayu, Luis Sánchez, Leonardo Soto, Miguel Mellado, Mercedes Bulnes, Cristián Araya, Cristhian Moreira, Hernán Palma, Nelson Venegas, Juan Carlos Beltrán, Hotuiti Teao, Boris Barrera, Sara Concha, Karol Cariola, Mauricio Ojeda, Raúl Leiva, Stephan Schubert, Joanna Pérez, Ericka Ñanco, Chiara Barchiesi, Sergio Bobadilla, Alejandra Placencia, Agustín Romero, Daniel Manouchehri, Andrés Giordano y Daniel Melo.
Las y los parlamentarios valoraron en forma transversal el resguardo de una función cotidiana que realizan las policías. Ello permitirá obtener medios de prueba, ya sea para las condenas en distintos tipos de delitos, como para defender a Carabineros de agresiones o acusaciones injustas. Por otro lado, permitirá establecer un mejor control a los funcionarios policiales.
Sin perjuicio de ello algunos diputados oficialistas recordaron las violaciones a los DD.HH. ocurridas durante el estallido social. Consideraron positivo que el desarrollo tecnológico, en el marco de los procedimientos, resguarde los derechos civiles. Lo anterior porque se permitirá que una institución cuestionada actúe con mayor transparencia.
Desde la oposición en tanto, respaldaron plenamente la labor policial. Sí hubo algunos cuestionamientos al costo del arriendo de cámaras y al servicio de streaming, por lo que se pidió un desglose mayor de las cifras.
Por su parte, la ministra del Interior, Carolina Tohá señaló que el actual sistema de fondo de inversión para la compra y mantención de videocámara está colapsado. Explicó que la evolución de la tecnología y la mantención es costosa. Por ello, se optó por un sistema de leasing incorporando la reparación y un sistema de streaming.
A su vez, explicó que la obligatoriedad para todos los funcionarios policiales tiene un costo de 50 mil millones de pesos anuales. Por ello, se optó por aplicarlo en principio, a los procedimientos más frecuentes con uso de la fuerza o de armas.
Alcances del texto sobre registros audiovisuales
Las imágenes y/o sonidos obtenidos deberán ser entregados al Ministerio Público. Aquellos obtenidos en lugares o situaciones distintas, o si estos no resultaren útiles para la investigación, serán destruidos una vez transcurridos dos años desde la captura de los mismos. Esto, previa orden de destrucción emanada por el Ministerio Público.
Se deberá garantizar la integridad del registro y respaldo para su posterior tratamiento en la investigación.
A su vez, la ausencia de grabación no será impedimento para la validez del procedimiento, como tampoco, implicará la exclusión de prueba. En tanto, la falta de integridad de la grabación tampoco significará su exclusión.
Se castigará a los funcionarios policiales que -sin orden previa- modifiquen, oculten, eliminen, o que alteren de cualquier frma los sistemas de registro y almacenamiento audiovisual.
Aparte de las penas correspondientes por dichos delitos, serán sancionados con la suspensión del empleo en su grado máximo. Además, de una multa de 15 a 20 UTM.
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El texto también modifica la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros, para señalar que los funcionarios y quien acceda a los registros estarán obligados a guardar secreto. Mientras que, la información obtenida deberá ser reservada.
Según el informe financiero de la norma, se considera un gasto anual fijado en más de 7 mil 400 millones de pesos. Los recursos financiarán la contratación del servicio, que incluye arriendo de 4.443 dispositivos para funcionarios policiales, almacenamiento y streaming. Con un costo aproximado de 1 millón 600 mil pesos por aparato.
En esa línea, se destinarán 2.123 videocámaras a Carabineros y 2.310 para la PDI. Principalmente, para unidades de drogas, de investigación criminal, de robos y delitos violentos. Igualmente, para la unidad de control de orden público respecto al derecho de reunión.
Vea moción, discusión y análisis Boletín Nº15788-07