La Corte Suprema de Estados Unidos desestimó el recurso de apelación deducido por un grupo de deudores estudiantiles que no pudo optar a un plan gubernamental para condonar sus deudas. Dictaminó que no poseen legitimación activa para deducir sus reclamos, al tenor de la Ley HEROES, y que esta normativa no afecta sus posibilidades de obtener financiamiento a través de una ley de educación.
En 2022, el Gobierno federal anunció un programa de condonación de préstamos estudiantiles para beneficiar a millones de estudiantes que se vieron afectados por la reanudación de los pagos suspendidos durante la pandemia. La autoridad fundó su decisión en virtud de la Ley de Oportunidades de Ayuda para la Educación Superior para Estudiantes de 2003 (Ley HEROES), y el monto de la ayuda, así como la elegibilidad para optar al beneficio, estarían determinados por los ingresos del deudor y su tipo de préstamo.
En este contexto, un grupo de deudores demandó al Gobierno tras haber sido excluidos del programa, debido a que la condonación solo era extensible a los beneficiarios que hubieran obtenido un préstamo del Estado y no de particulares, como era el caso de los demandantes. Algunos de ellos solo pudieron optar a una rebaja parcial del préstamo a causa de sus ingresos económicos.
Adujeron que el plan del Gobierno era ilegal, pues fue promulgado sin observar los requisitos de la reglamentación negociada y las opiniones de los afectados, como era su caso. Del mismo modo, acusaron al Secretario de Educación de interpretar erróneamente la Ley HEROES y de exceder sus competencias; y señalaron que la implementación de este plan afectaba sus posibilidades de obtener una ayuda conforme a la Ley de Educación Superior (HEA). Su pretensión fue desestimada en estrados de instancia, por lo que recurrieron vía apelación ante la Corte Suprema.
Noticia Relacionada
En su análisis de fondo, la Corte observa que “(…) los demandantes no logran establecer que cualquier daño que sufran por no haber recibido la condonación de sus préstamos sea atribuible al Plan, por lo que no cumplen con los requisitos para poseer legitimación activa, que son los siguientes: 1- el demandante debe haber sufrido un daño de hecho que sea a la vez «concreto y particularizado» y «real o inminente, no conjetural o hipotético»; 2- conexión causal entre el daño y la conducta denunciada; y 3- el daño debe ser probable, y no simplemente “especulativo”.
Agrega que “(…) la teoría del mérito de los demandantes parece estar en tensión con la posibilidad de que el Gobierno pueda reparar su daño. Argumentan simultáneamente que podría haberlos tratado más generosamente si hubieran solicitado su opinión para desarrollar el Plan y que el Gobierno carece de autoridad sustantiva para promulgar una condonación de préstamos de base amplia bajo la Ley HEROES. Sería bastante extraño que se quejaran de no poder solicitar un aumento en el alcance de un programa de ayuda que consideran que el Gobierno no puede implementar legalmente”.
Comprueba que “(…) la decisión de la autoridad de brindar alivio a otras personas bajo un esquema legal diferente no causó que los demandantes no obtuvieran los beneficios que deseaban. La causa de su supuesta lesión es mucho más vulgar que esa: el Gobierno simplemente ha decidido no darles el alivio que desean. Normalmente, el recurso de una parte para inducir a una agencia a tomar una acción deseada no es presentar una demanda, sino una «petición para la emisión, enmienda o derogación de una norma».
La Corte concluye que “(…) en la medida en que la decisión del Gobierno de adoptar el Plan bajo la Ley HEROES podría tener algún efecto incidental sobre la probabilidad de que el Departamento emprenda un programa separado de condonación de préstamos bajo un estatuto diferente, la relación no es lo suficientemente estrecha como para persuadirnos de que este último es bastante atribuible al primero. Además, nadie sostiene que las referencias existentes a una reparación única sean jurídicamente vinculantes”.
En mérito de lo expuesto, la Corte desestimó el recurso.
Vea sentencia Corte Suprema de Estados Unidos 22-535.