Fue sentenciado a la pena capital por el asesinato de un hombre en 1994. Los hechos ocurrieron cuando el condenado y un cómplice, asaltaron a la víctima y a su hermana mientras acampaban en un bosque nacional. Así, el estudiante universitario de 18 años, falleció a causa de graves heridas, incluyendo un corte en la garganta y fracturas en el cráneo.
La Corte resolvió no emitir un pronunciamiento sobre los méritos relacionados con la Primera Enmienda, basándose en su determinación de que ambos circuitos cometieron errores en sus evaluaciones. Así, el fallo de la Corte Suprema subraya la necesidad de un análisis adecuado y diferenciado entre impugnaciones y en su forma aplicada cuando se evalúan las leyes bajo el marco constitucional, remitiendo los casos para una reconsideración adecuada conforme a esta distinción.
El tribunal determinó que el expresidente tiene presunta inmunidad en sus conductas oficiales, y que toca a los tribunales de primera instancia distinguirlas de las no oficiales.
Sanciones impuestas por la ciudad no alcanzaban el umbral de castigo «cruel e inusual» bajo los estándares constitucionales. Por una mayoría de 6 a 3, sostuvo que las penas por violar las ordenanzas municipales eran principalmente multas leves y, en casos de reincidencia, penas de cárcel breves, las cuales no eran desproporcionadas ni inconstitucionales dada la naturaleza de las infracciones en cuestión.
La denegación de visas basada en 8 USC §1182(a)(3)(A)(ii) no requiere una revisión judicial ya que no infringe un derecho constitucional. Este razonamiento refuerza la doctrina de no revisabilidad consular, según la cual las decisiones de visa tomadas por el Departamento de Estado (sede administrativa) no están sujetas a revisión judicial.
Un funcionario del gobierno puede compartir sus opiniones y criticar creencias específicas, incluso de manera enérgica, para persuadir a otros. Sin embargo, la utilización del poder estatal para castigar o reprimir expresiones desfavorables está prohibida.
Dictaminó que el derecho constitucional al debido proceso varía según las circunstancias. A diferencia de los bienes inmuebles, que no pueden ser confiscados sin una audiencia previa, los bienes personales, como los vehículos, pueden ser ocultados antes de una audiencia. En consecuencia, cuando la policía confisca un automóvil, el propietario tiene derecho a una audiencia oportuna después de la confiscación, pero no a una audiencia inmediata.
El plazo de prescripción de tres años no comienza hasta que el propietario de los derechos de autor «sabe o tenga motivos para saber que fue perjudicado». Respaldó la aplicación de la regla de descubrimiento bajo la Ley de Derecho de Autor en oposición a la regla de lesión, que sostiene que el plazo de prescripción comienza a correr cuando ocurre la infracción, independientemente del conocimiento de los demandantes.
La decisión de la Corte Suprema de no intervenir en el caso indica que la interpretación realizada por el Quinto Circuito se mantiene vigente. Esto significa que la demanda contra Mckesson puede continuar, lo que tiene implicaciones significativas para los organizadores de protestas y otras formas de expresión pública.
La actividad de un funcionario público en las redes sociales constituye una acción estatal según la ley § 1983 solo si el funcionario (1) posee autoridad real para hablar en nombre del Estado y (2) pretende ejercer esa autoridad cuando se comunica en redes sociales. La apariencia y función de la actividad de estas redes son relevantes en el segundo paso, pero no pueden compensar la falta de autoridad estatal en el primero.
Los jueces deben decidir si las plataformas de redes sociales deben ser tratadas como operadores comunes, sujetos a regulaciones limitadas sobre la discriminación de contenido, o si tienen más similitudes con los periódicos, que gozan de una amplia libertad editorial.
