La Corte Suprema de Canadá acogió el recurso deducido por dos migrantes que fueron declarados inadmisibles en Canadá tras cometer una serie de ilícitos. Dictaminó que la normativa aplicada para fundar sus órdenes de expulsión fue interpretada erróneamente por el tribunal de segunda instancia, al haberse vinculado sus delitos a aspectos de la seguridad nacional.
Los inmigrantes fueron juzgados por la comisión de diversos delitos. Uno de ellos fue acusado de intento de asesinato con arma de fuego, mientras que al otro se le formalizó por maltratar a sus parejas íntimas. Algunos de estos cargos fueron suspendidos, por lo que obtuvieron la libertad condicional. No obstante, la autoridad de migración dictaminó que los hombres no eran admisibles en Canadá por motivos de seguridad, tras elaborar una serie de informes.
Por ello dispusieron su expulsión del país al tenor de la sección 34(1)(e) de la Ley de Inmigración y Protección a los Refugiados (IRPA por sus siglas en inglés). Esta normativa establece que “un residente permanente o un ciudadano extranjero es inadmisible en Canadá por motivos de seguridad por participar en actos de violencia que pondrían o podrían poner en peligro la vida o la seguridad de las personas en Canadá”.
Tras obtener fallos adversos en sede administrativa, apelaron sus órdenes de expulsión en estrados judiciales, obteniendo sentencias favorables. Sin embargo, el gobierno de Canadá recurrió los fallos al estimar que de la interpretación de IRPA no se requería acreditar un vínculo con la seguridad nacional para proceder a las expulsiones. El recurso de la autoridad fue acogido, motivo por el cual los migrantes recurrieron ante la Corte Suprema.
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En su análisis de fondo, la Corte observa que “(…) el estándar apropiado de revisión de las decisiones administrativas es la razonabilidad. No se aplica ninguna excepción establecida a la revisión de la presunción de razonabilidad, ni se debe crear ninguna nueva excepción sobre la base de que las apelaciones involucraron una cuestión grave de importancia general. En los presentes casos, ambas decisiones administrativas fueron irrazonables. Las limitaciones legales relevantes apuntan abrumadoramente a una única interpretación razonable de IRPA: una persona puede ser declarada inadmisible según el art. 34(1)(e) sólo si participa en actos de violencia con un vínculo con la seguridad nacional o la seguridad de Canadá”.
Agrega que “(…) ninguna de las excepciones establecidas a la revisión de la presunción de razonabilidad se aplica en los presentes casos: la legislatura no ha prescrito explícitamente el estándar de revisión ni ha proporcionado un mecanismo legal de apelación de una decisión administrativa ante un tribunal, y el estándar de corrección no se requiere con base en sobre el estado de derecho. La interpretación adecuada del art. 34(1) (e) de IRPA no es una cuestión general de derecho de importancia central para el sistema jurídico en su conjunto. Aunque es importante para las personas afectadas y la adecuada administración del IRPA, no afecta el sistema legal ni la administración de justicia en su conjunto”.
Comprueba que “(…) las decisiones administrativas bajo revisión no interpretaron razonablemente el art. 34(1) (e) de la IRPA al no exigir un nexo con la seguridad nacional o la seguridad de Canadá. La jurisprudencia ha señalado que un tribunal de revisión debería realizar una revisión de razonabilidad teniendo en cuenta el impacto de la decisión en el individuo afectado. Según el principio de justificación responsiva, cuando el impacto de una decisión sobre los derechos e intereses de un individuo es grave, las razones proporcionadas a ese individuo deben reflejar lo que está en juego, lo cual no ocurrió en el caso”.
La Corte concluye que “(…) las limitaciones legales relevantes apuntan abrumadoramente a una sola interpretación razonable del art. 34(1) (e): la disposición requiere un nexo con la seguridad nacional o la seguridad de Canadá. La sección 34(1)(e) puede invocarse para declarar inadmisible a una persona sólo cuando sus “actos de violencia que pondrían o podrían poner en peligro la vida o la seguridad de las personas en Canadá” tienen un nexo con la seguridad nacional del país. La autoridad no alegó que los apelantes hayan participado en actos de violencia relacionados con la seguridad nacional de Canadá”.
Al tenor de lo expuesto, la Corte acogió el recurso y revocó los fallos impugnados.
Vea sentencia Corte Suprema de Canadá 2023 SCC 21.