El máximo Tribunal estimó que la información de la hoja de vida del funcionario castrense, puede ser utilizada por un analista para determinar el perfil de los agentes de inteligencia y contrainteligencia de la FACH, situación que amenaza la seguridad de la nación, y es una causal suficiente de secreto.
La medida busca reducir los riesgos a la seguridad nacional de Estados Unidos ya que la aplicación es propiedad de una empresa china cuestionada por sus lazos con Pekín.
El proyecto busca impedir que ciudadanos y empresas de estas “naciones hostiles” adquieran bienes raíces en el Estado, por razones de seguridad nacional pues se teme que lleven a cabo actividades de espionaje.
La ANI e instituciones castrenses no lograron acreditar que estos datos se vinculen a actividades de inteligencia o contrainteligencia, y que afecten la seguridad nacional o defensa del país. No obstante, de no obrar en su poder los requeridos deberán comunicarlo de forma detallada al requirente y al CPLT
La entrega de estos datos no implica una afectación a la seguridad del Estado o seguridad de las personas, y tampoco puede ser catalogada de peligrosa para el funcionamiento de esta rama de las fuerzas armadas.
