La demora se aparta del trato igualitario que debe otorgarse a los solicitantes, con el perjuicio natural que ello les origina al no contar con la solemnidad que les dé la certeza necesaria que, como extranjeros, deben tener sobre la residencia permanente en Chile.

Las autoridades no actuaron mientras el demandante, entonces menor de edad, corría el riesgo de sufrir una vulneración de su derecho a la vida privada. Una vez que tuvieron conocimiento de esa situación, cumplieron su obligación de tomar medidas específicas para ayudar al solicitante a obtener la documentación y garantizar el respeto de sus derechos.

La Séptima Sala del tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario de la Municipalidad de Santiago, por lo que ordenó continuar con el procedimiento de renovación de la patente del establecimiento ubicado en la calle Miraflores.

Carece de fundamento razonable que el plazo legal de seis meses establecido en la ley para la tramitación de un sumario casi se cuadruplique.

La disposición requiere un nexo con la seguridad nacional de Canadá. Puede invocarse para declarar inadmisible a una persona sólo cuando sus “actos de violencia que pondrían o podrían poner en peligro la vida o la seguridad de las personas en Canadá” tienen un nexo con la seguridad nacional del país. La autoridad no alegó que los apelantes hayan participado en actos de violencia relacionados.

Tres órganos públicos, -Dirección Nacional de Gendarmería de Chile, Ministerio de Justicia y Derecho Humanos y CGR- coincidieron en la misma conclusión: que el actor debía ser destituido de su cargo, motivo suficiente para desestimar la acción.

Las decisiones de las universidades nacionales en el orden interno, disciplinario, administrativo y docente no son, en principio, susceptibles de revisión judicial, salvo manifiesta irrazonabilidad o arbitrariedad, o que se cause lesión a las garantías constitucionales o a las leyes que reglamentan los derechos protegidos por la Constitución Nacional.

Un particular solicitó invalidar un dictamen de la Contraloría que rechazó su petición ejerciendo éste, en sede civil, la acción invalidatoria contemplada en el artículo 53 de la ley N° 19.880, la que no es procedente. El Contralor tiene la facultad de interpretar las normas legales y, eventualmente, cambiar sus criterios interpretativos.

Si ha tardado más de 12 meses en emitir una respuesta a la solicitud de residencia definitiva, por lo que no cabe absolutamente ninguna duda que el Servicio Nacional de Migraciones ha incurrido en una conducta omisiva ilegal y arbitraria.

La dispensa por razones de reunificación familiar no constituye sino una facultad discrecional de la autoridad de carácter excepcional y restrictivo lo cual presupone necesariamente la existencia de una solicitud concreta por parte del interesado ante la autoridad migratoria y su correspondiente fundamentación.