Normas que castigan al empleado público que en incumplimiento de los reglamentos abuse de su cargo, o que en el ejercicio de sus funciones aplicare, ordenare o consintiere se apliquen apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes que no alcancen a constituir tortura, no producen resultados contrarios a la Constitución.

Con un voto en contra, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento de inaplicabilidad, por inconstitucionalidad, que impugnó el artículo 150 D del Código Penal, en la frase «el empleado público que, abusando de su cargo o funciones«, que fue incorporada al Código Penal en virtud del artículo 1°, N° 5, de la Ley N° 20.968; y de la frase «el empleado público que, en incumplimiento de los reglamentos respectivos actúe abusando de su cargo«, en su texto modificado en virtud de lo dispuesto en el artículo 7, N° 2, de la Ley N° 21.560.

Las normas legales impugnadas establecen lo siguiente:

“Artículo 150 D.- El empleado público que, abusando de su cargo o sus funciones, aplicare, ordenare o consintiere en que se apliquen apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, que no alcancen a constituir tortura, será castigado con las penas de presidio menor en sus grados medio a máximo y la accesoria correspondiente. Igual sanción se impondrá al empleado público que, conociendo de la ocurrencia de estas conductas, no impidiere o no hiciere cesar la aplicación de los apremios o de los otros tratos, teniendo la facultad o autoridad necesaria para ello o estando en posición para hacerlo”. (Inciso primero, incorporado por Ley Nº 20.968).